Una política común por hacer

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Hace más de diez años, cuando imaginamos una política pública en Bogotá que respondiera a la situación de exclusión y eliminación simbólica y material de personas de las colectividades de lesbianas, personas trans, bisexuales y gays, ya dábamos la discusión sobre cómo la sexualidad y el género no eran los únicos asuntos en juego. Pensar en cómo abordar la afectación que sobre estas personas tienen el clasismo, el racismo, la xenofobia, el etarismo y el capacitismo era un punto de la agenda de quienes sabemos que unos sistemas no están desligados de otros, si bien el grueso de organizaciones de estas colectividades no compartían esto ni lo incluían en sus reflexiones. Lo que buscábamos –desde las primeras reuniones nacionales, en el marco del Proyecto Planeta Paz en 2001; o mucho antes, desde mediados de los años noventa, en organizaciones como Triángulo Negro, DeGeneres-e y Nosotras lbt– era poner sobre la mesa que no bastaban las políticas de reconocimiento de las identidades sexuales y de género, y que eran necesarias políticas de redistribución de la riqueza simbólica y material que, en especial, las lesbianas y las personas trans no disfrutan. Vivimos en una ciudad y en un mundo en que, a menudo, ser lesbiana o trans es sinónimo de enfrentar pobreza y muerte.

Las agendas importadas y de corte liberal no han permitido avanzar en entender cómo el racismo, el clasismo, el capacitismo –más allá de la lesbofobia, la misoginia y la transfobia– afectan en particular a lesbianas y mujeres; hombres y personas trans. La agenda del matrimonio de parejas del mismo sexo opacó la cruda realidad que personas –en ciudades grandes e intermedias; en lo rural y en localidades de la propia Bogotá– sufrían y siguen sufriendo debido al conflicto social y armado y, en general, dado el continuo de violencias económicas, simbólicas, físicas, psicológicas, entre otras; violencias que, de manera marcada e insidiosa, las lesbianas y las personas trans y no binarias han tenido que soportar.

Las enormes brechas que existen hasta hoy no se cierran con la ampliación de una institución heteronormativa como el matrimonio, que condiciona la posibilidad de ser a una situación de conyugalidad que no todxs pueden ni quieren tener. Las personas trans y no binarias sentían ajena esta agenda.

Con mucha razón, algo aún más injusto es que, en ese mismo panorama, se considerara a las lesbianas y sus circunstancias equiparables con las de los varones gays. Hay una gran deuda social y política con las lesbianas, de quienes muy poco se sabe o se quiere saber. Resultan poco espectaculares. Solo las que compaginan con la política-estética gay blanca, de clase media, pasan. La existencia que más se ha puesto en entredicho es, precisamente, la de las lesbianas, a quienes se equiparan a los varones gays, cuando no hay nada más equivocado e injusto. Las lesbianas se encuentran en una frontera que las hace víctimas de un continuo de violencias dirigido a las mujeres cisgeneristas (violencia sexual, sub o desempleo, empobrecimiento, etc.), a las mujeres trans y no heterosexuales (expulsión familiar, escolar y laboral, maternidad obligada y simultánea, y, paradójicamente, negación del derecho a la maternidad, entre otras); al mismo tiempo, estas personas pueden sufrir la transfobia dirigida a los hombres trans.

 La lesbofobia estructural –esa que empobrece y elimina–, que sufren tanto las lesbianas como las mujeres heterosexuales, tiene componentes muy distintos a la homofobia que experimentan los varones. Si a eso sumamos cómo las lesbianas, personas trans y no binarias enfrentan violencias clasistas, misóginas, transfóbicas y racistas, vemos que nuestra política pública –sin duda, una oportunidad de emergencia social de sujetos que antes eran impensables en la narrativa de la ciudad– sigue en deuda en términos de comprensión y respuesta a formas de exclusión y eliminación estructural de lesbianas, personas trans y no binarias.

El desafío de la política pública, y de las políticas del día a día, es crear condiciones de representación y de vida para que las mujeres en general, mujeres trans, bisexuales, lesbianas, en particular, y personas no binarias puedan realmente existir sin la amenaza constante de las violencias sutiles o explícitas.

Recordemos que fueron precisamente mujeres lesbianas, travestis, trans y personas no binarias quienes, desde mediados de los años noventa y los 2000, impulsaron con más fuerza agendas públicas distintas al matrimonio gay; quienes desde posturas feministas críticas han mantenido la tensión necesaria con el Estado; quienes propusieron alianzas como la ya mencionada Nosotras lbt o la red Cercanía (Labrys y Mujeres Al Borde); quienes insistieron en disputar el terreno de lo público y lo común, terreno despojado. Hoy en día, numerosas organizaciones de lesbianas y trans colman los más interesantes debates públicos.

Necesitamos políticas públicas y de lo cotidiano que no nos borren, ni de la historia ni del presente; que no nos silencien ni hagan oídos sordos o mofa de nuestras palabras. Entender como particulares las trayectorias de mujeres lbt y hombres trans, así como de personas no binarias, será una oportunidad para poder ser en Bogotá. Si la administración distrital no lo hace, no hay prisa; siempre hemos existido y conocemos muy bien el lugar de las fronteras: las hemos convertido en nuestro territorio para vivir.

Por último, si la sociedad en general no reconoce como una amenaza para la vida y la convivencia los coletazos de poderosos sectores ultraconservadores y de derecha como reacción a los avances logrados por movimientos de mujeres, feministas y de las llamadas colectividades lgbti, reacción que podemos ver en la cruzada internacional contra la llamada “ideología de género” –ideología de género es la heterosexualidad obligatoria y el cisgenerismo prescriptivo–, esa sociedad habrá desaprovechado la posibilidad de un mundo más feliz para todas y todos. Entre tanto, año tras año, centenares de lideresas son aniquiladas en Colombia.

*Esguerra es antropológa e investigadora.