La Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación sobre la ley que está a punto de sancionar el presidente Gustavo Petro que restringe el acceso a información de las encuestas hasta la última semana de octubre de 2025.
La norma fue tramitada por el Congreso entre 2024 y 2025 y le pone límites al acceso a la información de los ciudadanos sobre el reconocimiento, favorabilidad e intención de voto de los precandidatos a la Presidencia de la República de cara a las elecciones de 2026 en las que se elegirá al sucesor de Petro.
“Las encuestas sí influyen en la opinión pública, pero no se puede restringir la información que publican las encuestadoras porque eso se llama acceso a la información y permite a los ciudadanos tener información completa”, sostuvo la directora del MOE, Alejandra Barrios.
Esa organización, la Registraduría, el Ministerio del Interior, otros delegados del Gobierno nacional y algunos partidos políticos participaron de una Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en la que 13 colectividades se negaron a participar, argumentando que no hay confianza en la administración Petro.
La ley establece que las encuestas solo podrán aplicarse desde tres meses antes de la inscripción de los candidatos y obliga a las firmas encuestadoras a entregar los soportes de cada investigación al Consejo Nacional Electoral, adjuntándole a ese tribunal administrativo estadísticas, análisis, números marcados, grabaciones telefónicas y formulaciones con preguntas y respuestas.
La MOE también resaltó la adjudicación anticipada del contrato de solución integral para las elecciones 2026 que le fue entregado a la firma Thomas Greg.