Esta semana fue el regreso formal de los congresistas a la labor parlamentaria con la apertura de las sesiones ordinarias, pero también regresaron al Legislativo las prácticas que los colombianos tanto critican: el ausentismo, los micos en los proyectos y, sobre todo, los privilegios para los legisladores.
Así quedó claro con el proceso de licitación pública que acaba de abrir la Dirección Administrativa del Senado a fin de adquirir un seguro de vida para los 108 senadores. La idea es “amparar contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo suicidio, homicidio y terrorismo (sujeto pasivo), al grupo asegurado”. Esto les costará a los colombianos más de 4.000 millones de pesos.