El empate en la Corte Constitucional, que impidió decidir sobre la reforma pensional, supone un revés para el Gobierno Petro y prolonga una incertidumbre perjudicial para las finanzas públicas y los actuales y futuros cotizantes.
La Ley 2381, aprobada en julio y aún en revisión constitucional, tiene 95 artículos. Sin embargo, dos están vigentes desde su aprobación inicial: la creación de las Accai, que reemplazarían a los fondos privados, y la “ventana de oportunidad”, que permite el traslado a Colpensiones sin necesidad de un proceso judicial ni de un abogado a quienes pasaron el límite máximo para hacer ese trámite. De ese grupo, ya se han trasladado unas 120.000 personas, a quienes les conviene el sistema público, pues allí pueden obtener mesadas más altas porque cuentan con subsidio del Gobierno. Se trata de personas con ingresos altos y que están cerca de la pensión, a quienes se buscó ayudar, pues estaban congestionando los juzgados. El problema es que la reforma establece que el dinero que esas 120.000 personas tenían ahorrado en las AFP debía ser trasladado a un nuevo fondo de ahorro que iba a administrar el Banco de la República. Pero, como la ley sigue en el limbo, el dinero no se ha podido mover y continúa en los fondos privados.
“Esos recursos pasarán a Colpensiones cuando los de la ventana de traslado se pensionen (de hecho, algunos ya lo hicieron), pero así el Estado se está responsabilizando de unos jubilados que estaban a cargo del sector privado”, dice Alejandra Sánchez, catedrática y miembro de la Junta Directiva de Colpensiones. A ese grupo se suman los cotizantes que están a más de diez años de la edad de pensión, quienes han acelerado su traslado de los fondos privados a los públicos ante la incertidumbre generada por la reforma. Ellos sí trasladan sus recursos inmediatamente, pero ese dinero no se está ahorrando, sino que Colpensiones lo gasta de una vez para pagar a sus pensionados actuales. Así se obtiene un alivio en el corto plazo, pero se adquiere una gran deuda para el futuro. Sánchez estima que bajo esta modalidad este año se han trasladado unos 13 billones de pesos.
El también profesor y experto en pensiones Daniel Mantilla, de la Universidad de los Andes, dice que en el afán de muchos por pasarse a Colpensiones está un grupo al que no le conviene (los que ganan 1,5 salarios mínimos o menos), pues la mesada es la misma en ambos sistemas, pero en el público deben cotizar más. También le preocupa el desahorro actual y comparte el temor de Asofondos en el caso de que la ley sea declarada inexequible. En ese escenario, los recursos de los 120.000 de la ventana de traslado deberían girarse de inmediato a Colpensiones, una acción que tendría graves consecuencias, dado que la mayor parte de ese dinero está invertido en deuda pública (TES). Por eso, el gremio propone que, mientras se resuelve la situación jurídica, los recursos se sigan transfiriendo solo en el momento de la pensión. La idea es evitar un impacto negativo en el mercado de TES, ya que una venta masiva podría desplomar su precio, elevar sus tasas y afectar tanto las finanzas públicas como las inversiones del resto de afiliados.
Con respecto al limbo en el que quedó la reforma y que deberá ser resuelto por el conjuez Pablo Márquez, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, opina que la incertidumbre retrasa los procesos reglamentarios de cualquiera que vaya a ser el sistema pensional. “Se necesita perfeccionar las reglas de juego para hacer un sistema más sostenible. La incertidumbre también afecta la planeación de la industria, las inversiones para ofrecer productos y servicios interesantes a los afiliados”.