Hace unas semanas empezaron a circular por las redes sociales y WhatsApp ‘cadenas’ y ‘memes’ que pedían apoyo para evitar que el Gobierno le aplicara a los pensionados una “doble tributación” y le exigían al mismo que eliminara los aportes al sistema de salud que hacen los pensionados y que por ahora es de 12% mensual sobre los ingresos reportados.El movimiento fue consecuencia de una petición que el procurador general, Fernando Carrillo, le hizo a la Corte Constitucional: desestimar los argumentos que usó el Gobierno para objetar un proyecto de Ley que reducía dicho aporte.El procurador le pidió además a la Corte que “los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación”, es decir desde diciembre del 2017 y argumentó que “la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales, sino como un imperativo de búsqueda de alternativas para su efectiva concreción”.Recomendado: Déficit presupuestal del sector salud para 2017 es de $5,5 billonesLa razón es que el proyecto de Ley que el Congreso aprobó se objetó pues no contaba con el aval del Gobierno y no contenía una propuesta de financiación para reemplazar ese 8% mensual de aportes al sistema de salud que se eliminarían.Cada año, las cotizaciones de trabajadores y empleados a un sistema de salud, que registró un déficit calculado para el 2017 de $5,5 billones, alcanzan los $15 billones. Si los pensionados redujeran su aporte en los ocho puntos porcentuales propuestos en el proyecto de ley, en el primer año el sistema de salud dejaría de recibir $3,1 billones, es decir que en 2017 el déficit del sector habría sido de $8,6 billones. El faltante de recursos seguiría incrementado cada año hasta alcanzar los $4,4 billones en el 2022 y sin una fuente adicional de ingresos, el aporte tendría que hacerlo el Gobierno soportado en los impuestos que cada año pagan los colombianos.Puede interesarle: Régimen subsidiado y recobros, la fuente de desangre del sistema de saludPor eso, a la hora de proponer la reducción en alguna fuente de ingresos con o sin destinación específica, los autores del proyecto deben explicar también cómo se compensará dicha fuente y lo usual es que lo hagan proponiendo nuevos tributos, el incremento de la tasa impositiva de alguno ya existente o eliminando otros gastos que equivalen al que sería el aporte faltante.Al hacer su petición, la Procuraduría advirtió que “los pensionados conforman un grupo de especial protección constitucional, y que el legislativo puede otorgarles un trato preferencial con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad”.Sin embargo, la misma Corte Constitucional también ha advertido que todas las modificaciones a los aportes de parafiscales deben contar con el aval del Gobierno que no tenía este proyecto desde su origen.Varias de estas ‘cadenas’ y ‘memes’ advertían además una doble tributación a la que están sometidos los pensionados del país, información que no es correcta. En la actualidad, las pensiones son gravadas con renta si suman desde $31,8 millones mensuales y tienen una tarifa de 5%. Además, los aportes voluntarios a pensión tienen una retención en la fuente de 15% si se retiran para fines diferentes a obtener una mayor pensión o un retiro anticipado.Puede interesarle: Junta Médica Nacional presenta su propuesta de reforma a la salud