Una rumba desmantelada en Chapinero, en Bogotá, en la que había más de 100 personas sin los protocolos de bioseguridad, es uno de los muchos actos de indisciplina ciudadana que puede poner en jaque la reactivación de la economía

Si bien el de los bares es uno de los sectores que se ha visto más afectado por cuenta de la pandemia, también es cierto que, una segunda ola de contagio, que lleve a decretar otro nuevo confinamiento, sería fatal para la economía y el empleo. Sin embargo, en estos escenarios de rumba clandestina, que se vienen dando desde hace tiempo, inclusive en los momentos más complejos de la pandemia, la bioseguridad se termina dejando a un lado.

Desde mediados de marzo, los bares en Colombia tuvieron que cerrar sus puertas de manera indefinida y hoy alguno que otro se encuentran funcionando bajo estrictas medidas y protocolos de bioseguridad.

A pesar de que, desde hace varias semanas el gobierno le dio luz verde a la venta de licor en los establecimientos, aún no se permite el baile, por lo que el modelo de negocio de estos establecimientos y sus ingresos siguen muy afectados, pese a la reapertura.

Como respuesta a las medidas prohibicionistas, cada día en Colombia son más comunes las noticias acerca de fiestas ilegales en las grandes ciudades del país que generalmente son convocadas vía redes sociales y, que por supuesto, no tienen en cuenta ningún protocolo de seguridad.

Por todos, hay que denunciar

Para Asobares, gremio de bares, es preocupante lo recurrentes que se han vuelto este tipo de fiestas. Por ese motivo es que vienen desarrollando la campaña “Nos cuidamos entre todos”, por medio de la cual se busca incentivar la denuncia ciudadana para que las autoridades actúen. Las denuncias se pueden hacer directamente a través de la página de Asobares.

Además del desmantelamiento de la fiesta clandestina en Chapinero, se destaca el caso de la zona rural de Puerto Colombia, Atlántico, donde también mediaron denuncias de los vecinos para que la Policía interviniera dos fiestas de música electrónica. En uno de estos eventos ilegales, los organizadores cobraban 50.000 pesos para permitir el ingreso de las personas.

Según las autoridades de Barranquilla, a la fecha han sido intervenidas cerca de 1.000 fiestas ilegales desde que iniciaron las medidas de aislamiento.

Asobares manifiesta que es evidente que las medidas prohibicionistas y las medidas restrictivas en contra del comercio legal lo que generan es el fortalecimiento de las estructuras ilegales que se dedican al narcotráfico, las fiestas clandestinas y la adulteración de licores.

¿Y las protestas?

Para el gremio, no se debe dejar de lado la situación que vive el país debido a la pandemia. “La protesta social no puede perder de vista la realidad sanitaria. Aglomeraciones y fiestas sin control, cero autocuidado ponen en riesgo la salud. Al comercio formal, inspecciones y cierres. El virus no conoce derechos sino oportunidades. Un llamado a las autoridades de la Alcaldía de Bogotá”, indicó el gremio por medio de sus redes sociales.

Precisamente, esta semana el país vivirá una nueva serie de protestas sociales impulsadas por las centrales obreras y el Comité del Paro Nacional. Además, en las últimas horas se conoció que la minga indígena, que llegó este domingo a la capital procedente de Cali, se unirá a la movilización del próximo 21 de octubre.

Fenalco también ha mostrado su preocupación por las aglomeraciones que implicarán las movilizaciones de esta semana en la capital.

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, dijo que en este momento, la minga es un atentado contra la salud de los colombianos, la economía y el empleo. Además agregó que “en esta coyuntura, las situaciones de orden público son un riesgo por las aglomeraciones y el impacto sobre el empleo y la reactivación, es un golpe fuerte para los colombianos”.

Asimismo, los comerciantes han pedido medidas para proteger sus establecimientos comerciales de posibles actos de vandalismo.

El director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, pidió a la Alcaldía Mayor y a la Policía que hagan los despliegues necesarios para evitar daños con motivo de las manifestaciones y de la presencia de la Minga.

Para el directivo gremial, así como el estado debe garantizar el derecho a la protesta, también debe hacerlo con el orden público y con la protección de los bienes de los ciudadanos.