A finales de 2025, 378 colombianos figuraban en la Lista Clinton por presunta relación con narcotráfico, corrupción, lavado de activos o terrorismo. Ante esta situación, el abogado colombiano Andrés Guzmán Caballero se ha propuesto defender a quienes consideran que han sido injustamente incluidos y a aquellos que, tras cumplir sus penas, buscan restituir sus derechos.
Guzmán Caballero, especialista en litigio internacional, ha unido su firma, Guzmán Estrategia, con el estudio VENFORT, liderado por el abogado internacionalista Alan Aldana, para lanzar una plataforma legal con alcance en América Latina y Europa. La iniciativa se centra en “sanciones internacionales y cumplimiento regulatorio, derecho penal internacional y económico, defensa y acciones preventivas con la Interpol, gestión reputacional y protección digital y defensa de derechos humanos”.
Según Guzmán, “en cuanto a la defensa de personas incluidas en la Lista Clinton, es importante saber que el castigo para todos, inicialmente, es la congelación de sus activos, la prohibición de transacciones financieras con entidades estadounidenses y el bloqueo de cuentas bancarias, además de otras duras restricciones comerciales internacionales”.
El abogado explica que “lograr el retiro de una persona u organización incluida en esta lista, que realmente es gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC, del Departamento del Tesoro de EE.UU, sí es posible y mediante las herramientas del litigio penal internacional deben darse varios pasos que incluyen un juicioso análisis jurídico y regulatorio en el que se evalúa la solidez de las pruebas de la defensa, para luego hacer la petición formal de retiro sustentada en argumentos legales, y finalmente emprender una negociación de cumplimiento, en la que se debe demostrar la desvinculación total de las actividades ilícitas”.
Aunque más de 18,000 nombres figuran en la lista a nivel global, la salida no implica un regreso automático a la normalidad. Sí permite recuperar acceso a cuentas bancarias, transacciones en dólares y operaciones con entidades internacionales, así como la liberación de bienes congelados y la rehabilitación comercial de empresas.
La alianza entre Guzmán y Aldana opera desde España, Colombia y Venezuela, con capacidad de intervención simultánea ante instancias y cortes de justicia internacional, buscando integrar defensa legal, cumplimiento regulatorio y gestión reputacional en estos casos complejos.