Distintas empresas de envíos desde Estados Unidos aseguran que, en junio de este año, 3.000 paquetes fueron retenidos por los funcionarios de Subdirección de Fiscalización y Dirección Seccional de Aduana de Bogotá, supuestamente de manera arbitraria.

De acuerdo con la denuncia conocida por este medio, los paquetes eran transportados bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes provenientes del país norteamericano, cuando los funcionarios los aprehendieron.

Según Leslie Noguera, dueña de la empresa A Tiempo Cargo y parte de la agremiación que reúne a las pequeñas y medianas compañías de courier de los Estados Unidos, la Dian se acercó a varias de las bodegas a ejercer un operativo “que iba sí o sí con la intención de retener la mercancía”.

A pesar de contar con la declaración simplificada de valor, que demuestra el paso legal por el aeropuerto y el pago de los impuestos correspondientes, los funcionarios de la Dian argumentaron que no era válida por no tener la firma del destinatario.

En efecto, según los denunciantes, la autoridad señaló que el motivo para inmovilizar la mercancía era que “se encuentran en el proceso de ingreso al territorio nacional, bajo la modalidad de tráfico postal sin haber sido sometidas a la modalidad, por cuanto no han sido aún entregadas al destinatario”.

Además, agregaron que “se evidencia que los mismos no han sido firmados por el destinatario, para poderlos considerar como declaración simplificada de importación, como tampoco han sido entregadas por el intermediario de la modalidad de cada una de ellas al destinatario de las mercancías según cada uno de los documentos de transporte”.

La empresaria colombiana explicó que es imposible tener la firma de la persona que recibirá el paquete, antes de que este le sea entregado.

Han pasado varios meses de estos hechos, que quedaron grabados en video. Según Noguera, los paquetes no están avaluados en más de 25 dólares, pues corresponden a paquetería familiar y personal, ciudadanos estadounidenses que envían regalos u otras cosas a sus parientes y conocidos en Colombia. Debido a la presunta retención arbitraria, casi todos los destinatarios no tienen hoy razón de lo que pasó con sus envíos.

“No ha sido liberado un solo paquete, todos se los llevan ese día y ellos tienen cinco días legalmente para hacer el acto de aprehensión, el acto jurídico con el cual podemos ir a defendernos (...) Solo ahora, después de cuatro meses, empezaron a llegar algunas actas de aprehensión”, explica Noguera.

Lo anterior significa que recién en las últimas semanas algunos pocos clientes han podido defenderse jurídicamente para recuperar sus envíos, pues ni uno solo ha sido liberado, de acuerdo con ella.

De acuerdo con Leslie Noguera, la firma del intermediario, la empresa legalmente habilitada para importar es válida hasta la entrega del paquete al cliente. No obstante, la Dian argumenta, dice ella, que estos envíos no podrían estar en sus bodegas mientras son entregados.

“Bajo ese argumento te digo que no podría estar en las bodegas de Servientrega, de TCC, de Deprisa, de Interrapidísimo, porque en teoría ninguna tiene la firma del destinatario, entonces no habría manera de ejercer el tráfico postal urgente en este país”, denuncia.

Después de varios meses, Noguera asegura que el objetivo de hacer pública la denuncia es que no se den más atropellos en contra de un gremio tan pequeño como el suyo, que es diferente al de compañías grandes.

Asimismo, las empresas están ejerciendo acciones jurídicas, imponiendo 3.000 tutelas para poder recuperar esos paquetes. No obstante, todos los jueces indican que es necesario esperar el trámite administrativo que solo puede llevarse a cabo con las actas de aprehensión, que apenas están empezando a llegar.