Este miércoles -21 de septiembre- se cumplió un nuevo debate de control político sobre el tema de las tarifas de energía en el país, en esta ocasión, en la Comisión V de la Cámara de Representantes, al que asistieron, entre otras personalidades, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el viceministro Técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández Jiménez.
Este debate fue citado por la representante Ana Rogelia Monsalve y también contó con la asistencia del superintendente de Servicios Públicos (e), Lorenzo Castillo, del director de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, Jorge Alberto Valencia y el director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Cristian Jaramillo.
Gran parte de los discursos de los congresistas a lo largo de esta sesión estuvieron encaminados a pedir mayor rigurosidad en la supervisión de las tarifas, el acuerdo alcanzado con las generadoras de energía y la situación con las firmas Afinia y Air-e, en la costa Caribe, donde crecen las quejas de la comunidad.
“Estamos hablando de un servicio que no ha mejorado en calidad, que no ha mejorado en prestación, pero que todos los meses aumenta. A nosotros en la región Caribe nos salen más caras las pérdidas que la generación de energía y con eso vemos que el componente de pérdidas se convirtió en un negocio. Solo entre octubre del 2020 y julio del 2022, aumentó un 610 % el componente de pérdidas”, dijo la congresista Ana Monsalve.
Así mismo, otros congresistas señalaron que el gran problema en este momento es que la fórmula actual para calcular el precio de las facturas está desfasada y requiere ajustes urgentes por parte del Gobierno Nacional y las demás autoridades competentes, ya que no se puede seguir arrastrando esa carga de pérdidas a los hogares.
Por su parte, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que esto es un problema heredado y que si bien le están buscando soluciones desde este gobierno, es necesario entender que tomará tiempo, ya que fueron muchos años de malos manejos y falta de inversión en el desarrollo de la infraestructura eléctrica en la costa Caribe.
“Hoy las fórmulas tarifarias que están pagando los hogares colombianos vienen en alza, hasta con aumentos de 14 % en lo que va del año. En 2021 del 13,9 %, superando al del 2020, que fue de 7,8 %, afectando en especial el bolsillo de las familias del Caribe”, dijo Vélez.
Durante su presentación ante la Cámara de Representantes, la ministra Irene Vélez presentó el Pacto por la Justicia Tarifaria, con el cual se comprometieron a tres acciones contundentes: regular para disminuir las tarifas, renegociar los contratos para que la energía sea más asequible y, junto a la Creg, realizar un seguimiento a los acuerdos que se hacen hoy en día con las empresas generadoras.
Los duros golpes de las tarifas de energía a la pobreza
Uno de los puntos que más llamó la atención durante este debate estuvo a cargo del viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público, Gonzalo Hernández Jiménez, quien reveló qué tanto ha subido la energía en el último año y qué tanto ha golpeado esto a factores como la pobreza multidimensional.
Según este funcionario, los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira son los más afectados en materia de incrementos, ya que entre agosto del 2021 y agosto del 2022, las tarifas de energía subieron un 44,4 %. A estos le siguen Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre, con aumentos del 43,7 %. Resalta que estos siete departamentos están bajo el control de Afinia y Air-e.
Debido a esto, el alto costo de los recibos de energía está teniendo una incidencia en la pobreza monetaria que golpea con más fuerza a La Guajira (67,4 %), seguido por Magdalena (61,1 %), Córdoba (58,6 %), Cesar (56,0 %), Sucre (54,6 %), Bolívar (48,5 %) y Atlántico (35,6 %).
Se habla de pobreza monetaria cuando los ingresos no alcanzan para solventar las necesidades básicas en los hogares para elementos básicos de alimentación y también en servicios como el agua potable, vivienda y educación. Así las cosas, queda claro que la alza de las tarifas de energía en esta región está generando un crecimiento acelerado de las brechas de pobreza entre la comunidad.