Las controversias jurídicas entre empresas privadas contra entidades públicas vienen en aumento. Son procesos de arbitraje nacional que se están dando en distintos sectores, especialmente en los de protección social –salud y educación, por ejemplo– e infraestructura. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en la actualidad avanzan 70 arbitrajes nacionales por un valor de $5 billones, en entidades como el Departamento de Prosperidad Social, el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Educación. El número de casos es mayor frente a los arbitrajes internacionales –que ascienden a 16–, pero el valor es menor, pues los externos suman unos $22 billones.
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