El congresista del Polo oficializó la denuncia contra el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, por sus actuaciones en el caso Odebrecht, específicamente por sus presuntos vínculos en la discutida adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra. El principal argumento de Robledo es que ambos funcionarios dieron vía libre a la adición de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol II sin haber adelantado un proceso licitatorio adecuado. La presunta responsabilidad del actual Fiscal se debe, según Robledo, a que el funcionario ejercía en el 2014 como ministro de la presidencia. Justamente en esa fecha se habrían aprobado los cuestionados contratos en el Gobierno y Consejo de Ministros. En días pasados, Jorge Robledo reveló las tres propuestas de asesoría jurídica que el ahora Fiscal General le envió en su momento a la Concesionaria Ruta del Sol, bajo tres identidades jurídicas diferentes. La primera asesoría del fiscal Martínez a la Concesionaria Ruta del Sol, cuya mayoría pertenece a la filial colombiana de Odebrecht, se presentó en el 2010 mediante la firma de abogados Martínez y Martínez Abogados Consultores y de esta resultó el contrato de estabilidad financiera entre el Gobierno y la concesionaria. Este primer contrato tuvo un valor de $30 millones más impuestos y una comisión de éxito de $50 millones. Ya en el 2012 el fiscal Martínez volvió a asesorar a Ruta del Sol con su firma Martínez Neira Abogados y en esa oportunidad asesoró la viabilidad de entregarle a la concesionaria la adición al contrato de la vía Ocaña-Gamarra en Santander. Por último, en el 2015, la Ruta del Sol recibió otra asesoría del fiscal Martínez con la firma de abogados Estudio Profesional MNA, para “resolver un requerimiento del Comité de Estabilidad Jurídica” que la concesionaria había firmado con el Gobierno.
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