Hace algún tiempo, la Corte Constitucional avaló el Proyecto de Ley Estatutaria 190 de 2022, una norma que tiene como propósito brindar mayor protección a los usuarios del sistema financiero que hayan sido víctimas de fraude o suplantación.
Muchas de las personas afectadas terminaban reportadas en las centrales de riesgo por el incumplimiento en los pagos, al no conocer que, por medio de sus datos personales, se había solicitado un servicio o producto.
Antes, las personas tenían que presentar una denuncia ante las autoridades para poder acceder a la información de los servicios que habían contratado o revisar los créditos que aparecían a su nombre.
Además de brindar una ayuda en el proceso de investigación del delito, la iniciativa busca proteger a quienes han sido reportados en las centrales de riesgo por servicios o productos financieros obtenidos mediante suplantación de identidad.
Por medio de la misma, los cobros serán suspendidos hasta la finalización de la investigación y la persona debe ser retirada de las bases de datos negativas para que su historial quede limpio ante las entidades financieras del país.
La suspensión del cobro se llevará a cabo con el apoyo de las empresas donde se solicitó el servicio o producto. Serán estas compañías las que interpongan la denuncia, de modo que el usuario pueda luego aportar las pruebas necesarias.
¿Desde qué fecha se borrarán los registros?
Una vez la persona afectada inicie los trámites por el delito de suplantación y se ponga en contacto con las entidades, se debe dar trámite a la petición en el menor tiempo posible.
Hay que destacar que las fechas dependerán de la situación de cada ciudadano y de los aportes y pruebas que se puedan recolectar. Además, las empresas, al acompañar el proceso, pueden informar de manera directa a las centrales de riesgo para el retiro del reporte negativo.
En caso de que no se realicen las correcciones solicitadas, las personas pueden solicitar apoyo de la Superintendencia Financiera, a través de los canales dispuestos para dicho fin.
Otro de los casos que se presenta con frecuencia en el país es el reporte de información errónea por parte de las empresas. En ese momento, el usuario puede solicitar a la central de riesgo la modificación del dato para evitar complicaciones mayores.
Por último, si la persona cuenta con un paz y salvo, puede solicitar de manera directa su eliminación de las bases de datos de reportes negativos.