Tener agua potable, energía eléctrica, gas domiciliario o acceso a internet es la normalidad para millones de colombianos. Sin embargo, para muchas otras personas, especialmente en zonas rurales, sigue siendo un privilegio contar con este tipo de servicios, por lo que diferentes empresas y organizaciones han venido desarrollando programas enfocados no solo en llevar luz, agua o conectividad, sino bienestar, salud y oportunidades.
Uno de estos casos es el de Colgas, que por más de 50 años ha brindado calidad de vida a los hogares rurales del país bajo una iniciativa enfocada en sustituir con gas licuado los combustibles altamente contaminantes, como la leña, cuyo uso representa graves impactos socioeconómicos, ambientales y de salud pública.
“El gas licuado es el combustible más versátil y seguro para atender la ruralidad. Su facilidad de transporte y almacenamiento permite a las familias cocinar las comidas con la garantía de suministro seguro y confiable”, señaló Jorge Borda, gerente corporativo comercial de la empresa. Destacó que actualmente tienen una cobertura de más de 950 municipios en todo el país.
Borda explicó, además, que la compañía atiende a más de un millón de familias, concentradas mayoritariamente en zonas rurales del país, a través de una operación enfocada en garantizar una oferta segura, confiable y a precio justo.
El impacto de reemplazar la leña por gas licuado se mide en dos vías: el tiempo y la salud. Por una parte, la recolección de leña toma entre 14 y 18 horas semanales para un hogar rural, una tarea que usualmente recae en mujeres y niños; por otra parte, el uso de leña en espacios cerrados produce humo cargado de partículas PM2.5 y monóxido de carbono, provocando un daño muy grave a la salud de las familias.
Un estudio del Banco Mundial reveló que en Colombia existen más de 7.000 muertes al año producto de la inhalación de estas partículas. Por eso, Borda señaló que el país tiene el desafío de cerrar la brecha energética para aproximadamente 1,6 millones de familias que aún consumen combustibles altamente contaminantes.
No obstante, existen diferentes desafíos relacionados con la articulación de actores, el estado de las vías y los temas de orden público en los territorios, lo que representa un enorme reto logístico para llegar a las comunidades más apartadas.
“En el caso de las redes de gas licuado, los retos incluyen la articulación entre municipios, gobernaciones, el Ministerio de Minas y Energía y la Creg para lograr aprobaciones tarifarias y subsidios que permitan a los usuarios acceder a conexiones e instalaciones internas”, señaló el directivo.
Además, destacó que Colgas participó en 2023 en el piloto del Programa Nacional de Sustitución de Leña, desarrollado junto con entidades como la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y el Ministerio de Minas y Energía, iniciativa que benefició a más de 9.400 familias de Córdoba y Cauca.
Borda agregó que el acceso a energía también impulsa el emprendimiento rural. Según explicó, para operar en territorios apartados, la compañía ha fortalecido redes de distribución integradas por aliados locales y ha promovido centros de soluciones donde las comunidades pueden acceder a servicios como pagos, recargas y comercialización de electrodomésticos, acompañados de herramientas de capacitación y acceso a crédito.
Iluminando hogares
Otra de las organizaciones que ha trabajado en pro de impulsar el acceso a servicios públicos en comunidades rurales es Tierra Grata, que tiene como uno de sus ejes llevar energía solar a viviendas rurales, especialmente en comunidades que nunca habían contado con energía o que dependían de soluciones inseguras e ineficientes.
“Estos sistemas permiten iluminar el hogar, cargar celulares, acceder a servicios de comunicación y mejorar las rutinas familiares. En nuestro modelo, la energía no se entrega como una donación aislada, sino como una solución acompañada de apropiación comunitaria, capacitación y corresponsabilidad”, remarcó Luis Castellanos Otero, coordinador de Proyectos de la Fundación Tierra Grata. Agregó que “no podemos mirar a las comunidades rurales únicamente desde la carencia”.
Para Castellanos, en estas regiones, aunque se vive con profundas brechas, también hay organización, conocimiento, resiliencia, liderazgo y capacidad de innovación, por lo que las comunidades no son solo receptoras de ayuda, sino usuarias, aliadas y constructoras activas de los proyectos.
Claro es otra de las empresas que ha puesto su conocimiento e innovación al servicio de los territorios apartados del país. De acuerdo con Hugo Salazar, director de Ingeniería de Claro Colombia, la compañía ya conectó con internet móvil 4G a la totalidad de las cabeceras municipales y, por primera vez, a más de 2.300 zonas rurales de la Colombia profunda, muchas de ellas históricamente desconectadas y con enormes desafíos geográficos y técnicos.
“También hemos desarrollado proyectos de alta complejidad en lugares como Leticia, Quibdó y San Andrés, interconectándolos con fibra óptica y llevando redes de última generación para acercar oportunidades, acceso y desarrollo a miles de personas”, destacó Salazar. Explicó que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral de infraestructura con la que dan cobertura móvil 4G en el ciento por ciento de las cabeceras municipales, cuentan con presencia 5G en 63 ciudades, llegan con fibra óptica a más de 140 ciudades, y más de 5 millones de hogares tienen la posibilidad de conectarse a fibra.
El impacto para las comunidades va mucho más allá del acceso a internet, pues la conectividad se convierte en un habilitador directo de desarrollo social, sostuvo Salazar. Un ejemplo concreto es El Remanso, en el departamento del Guainía, una comunidad indígena a la que solo se llega por río y donde Claro, con una inversión del orden de 3.000 millones de pesos, llevó conectividad móvil 4G por primera vez.
“Allí, la infraestructura permitió el acceso a educación digital, servicios de telesalud y comunicación permanente con instituciones públicas, transformando de manera tangible la relación de la comunidad con el Estado y con nuevas oportunidades de desarrollo”, subrayó el director.
Toda esta infraestructura es la que permite que sectores como educación, salud, energía, agua y atención estatal puedan operar con mayor eficiencia y calidad, incluso en regiones donde antes era prácticamente imposible acceder a estos servicios, concluyeron los expertos.
El reto de cerrar la brecha digital rural
Las diferencias en acceso a internet entre las ciudades y las zonas rurales siguen siendo uno de los principales desafíos para el país. De acuerdo con cifras del Dane, mientras que en las cabeceras municipales el acceso en los hogares alcanza el 78,8 por ciento, en centros poblados y rurales dispersos alcanza el 56,9 por ciento. En total, el 73,9 por ciento de los hogares colombianos cuentan con este servicio, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales frente a 2024. Además, el 91,9 por ciento de las personas de 5 años y más usa teléfono celular y el 82,3 por ciento utiliza internet. n