GIRO SORPRESIVO

La semana pasada la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al coronel retirado Bernardo Ruiz Silva _ex comandante de la Brigada XX del Ejército_ como posible responsable del delito de homicidio en el caso del asesinato del líder conservador Alvaro Gómez Hurtado. La acusación, hecha con base en las pruebas recaudadas por los fiscales que han tenido en sus manos la investigación durante cuatro años, no sorprendió a los analistas del proceso. Pero sí lo hicieron otras decisiones tomadas por los fiscales en el mismo caso. En especial la de compulsar copias _con destino a la unidad de narcotráfico_ sobre el general Iván Ramírez Quintero con el fin de que sea investigado por el posible delito de enriquecimiento ilícito.Los funcionarios judiciales aseguran en su escrito que en desarrollo de las averiguaciones por la muerte del político conservador detectaron algunos hechos que ameritan dicha investigación. Uno de ellos, dicen los agentes de la Fiscalía, se refiere a la forma como fueron adquiridos y registrados los bienes del general Ramírez, quien para la época en que se atentó contra Gómez Hurtado se desempeñaba como director de Inteligencia del Departamento D-2 del comando de las Fuerzas Armadas. Un informe del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía _el 02712 del 14 de julio de 1999_, señala que a nombre del general y de su esposa e hijos aparecen registrados bienes por un valor catastral que supera los 600 millones de pesos. En el análisis los investigadores advierten que esa suma traducida a valor comercial se incrementaría ostensiblemente. Y creen importante indagar sobre el origen de los recursos que le permitieron a Ramírez obtener los bienes relacionados en el informe judicial.Aunque Ramírez no está vinculado formalmente a la investigación por el caso Gómez Hurtado sí aparece mencionado varias veces por los investigadores. En el estudio sobre las pruebas del crimen dicen, por ejemplo, que el general _como director del departamento de Inteligencia_ tuvo conocimiento de los documentos que se escribieron sobre la crisis que atravesaba el país por esa fecha y sobre un supuesto golpe de Estado que se han mencionado como posibles móviles de asesinato. Al referirse a los informes hallados en la casa de Romel Hurtado el estudio dice que está probado que ''varios de los documentos encontrados habían sido revisados y autorizados por el general Iván Ramírez violando los conductos regulares''. En la calificación del sumario se asegura, además, que "en el documento identificado como el No. 2 aparece una anotación hecha de puño y letra por el general Iván Ramírez en el siguiente sentido 'complemente el trabajo anterior. ¿Quién reemplazaría al señor Presidente?''. Y más adelante la resolución afirma que Ramírez no sólo estuvo comprometido en la revisión de los documentos, sino que estaba ''comprometido al parecer con los carteles de la droga de Cali como lo afirma bajo juramento la señora María Mercedes Gómez de Mc Allister".Otra mención de los investigadores tiene que ver con una llamada telefónica realizada por el general el 18 de agosto de 1995, un mes antes del magnicidio de Gómez Hurtado, a la oficina donde funcionaba la sede del grupo Cazador. El informe 016 del 19 de julio de 1999 revela que del teléfono celular del suboficial Jaime Ramírez Pinzón utilizado, según los investigadores, por el entonces comandante del D-2 de las Fuerzas Militares, fue hecha una llamada a las oficinas de Inversiones Radar, fachada que utilizaban los miembros del grupo Cazador para sus operaciones. Para los fiscales esta llamada es una evidencia más de la existencia del grupo secreto de inteligencia y del conocimiento de los altos oficiales sobre sus actividades.No fueron esas referencias, sin embargo, las que llevaron a los fiscales a pedir que se investigue al general Ramírez, sino los bienes que le encontraron mientras analizaban su conducta. Y es por eso _y no por estar vinculado formalmente al caso Gómez_ que Ramírez tendrá que comparecer ante la Fiscalía. Un giro sorpresivo, sin duda, en la investigación.