En Colombia guardar silencio sobre los derechos sexuales y reproductivos en plena campaña presidencial no es neutralidad, es una decisión política, pues mientras los candidatos a la Presidencia de 2026 debaten seguridad, economía y gobernabilidad, millones de mujeres, jóvenes, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad esperan que sus realidades también aparezcan en los programas de gobierno.
La paradoja es llamativa: el país cuenta hoy con uno de los marcos jurídicos más avanzados de América Latina en esta materia, pero ese reconocimiento legal contrasta con una campaña electoral que actúa como si estos temas no existieran. Marta Royo, CEO de Profamilia —organización con más de 60 años trabajando por la garantía de estos derechos— analiza los vacíos que persisten en las propuestas presidenciales y explica por qué la omisión también tiene consecuencias.
¿Qué dice —y qué calla— la campaña presidencial de 2026 sobre los derechos sexuales y reproductivos?
MARTA ROYO (M.R.).: Los programas de gobierno muestran cuáles son las prioridades políticas de las candidaturas y qué temas siguen quedando por fuera de la conversación pública. Votar implica hacerlo de manera informada, comprendiendo qué derechos se reconocen y se priorizan. Desde Profamilia era importante analizar cómo se presentan estos temas en esta campaña, y lo que encontramos es preocupante: buena parte de la conversación electoral actúa como si no existieran, a pesar de que millones de personas siguen enfrentando barreras reales para acceder a la anticoncepción, al aborto seguro o a una atención libre de discriminación”.
¿Usted ha dicho que “el silencio también es una posición”. ¿Qué significa eso hoy en Colombia?
M.R.: Significa que guardar silencio frente a los derechos humanos también es una decisión política. Cuando quienes aspiran a gobernar deciden no hablar de derechos sexuales y reproductivos, están tomando posición frente a realidades concretas: niñas obligadas a unirse o casarse tempranamente, embarazos adolescentes que truncan proyectos de vida, mujeres que enfrentan barreras para decidir sobre su cuerpo, violencias de género que cobran vidas y personas LGBTIQ+ que siguen siendo discriminadas o asesinadas. A eso se suma que la sexualidad continúa siendo abordada desde miradas morales y conservadoras, en lugar de hacerse desde los derechos, la evidencia y la salud pública. Los derechos no desaparecen porque las campañas decidan no mencionarlos.
¿Cuáles son los principales vacíos en los programas de los candidatos a la Presidencia de 2026?
M.R.: Analizamos siete dimensiones: desde la mención explícita de los derechos sexuales y reproductivos hasta temas como educación integral en sexualidad, embarazo adolescente, aborto seguro, garantías para personas LGBTIQ+, acceso para personas con discapacidad y alineación con estándares internacionales. Los hallazgos son preocupantes: hay candidaturas cuyos programas no mencionan ninguno de estos componentes, ni una sola vez. Otras han sostenido públicamente posiciones contrarias a derechos ya reconocidos por el Estado colombiano. Ninguno de los programas analizados menciona la Sentencia C-055 de 2022 ni la Ley 2447 de 2025. Hay un déficit estructural en la agenda de derechos sexuales y reproductivos en la política presidencial colombiana.
Colombia tiene uno de los marcos jurídicos más avanzados de América Latina en derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué falta para que eso se traduzca en realidades concretas?
M.R.: El gran desafío es convertir esos avances en realidades concretas y accesibles. Todavía existen barreras territoriales, económicas y culturales que impiden que muchas personas ejerzan plenamente sus derechos. Quien llegue a la Presidencia gobernará para mujeres, niñas, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y comunidades en territorios apartados. En democracia, los derechos humanos no pueden depender de la voluntad de las mayorías ni de las creencias personales del mandatario de turno. El reto del próximo gobierno no es decidir si estos derechos existen: eso ya no está en discusión. Es garantizar que puedan ejercerse plenamente.
¿Qué implica que estos temas sigan teniendo poca presencia en la campaña?
M.R.: Implica que necesidades urgentes quedan relegadas en las prioridades políticas, y eso tiene consecuencias reales. La salud sexual y reproductiva no es una agenda marginal ni identitaria: está directamente relacionada con la salud pública, la pobreza, la permanencia escolar, la violencia basada en género, la autonomía económica y la desigualdad territorial. Cuando estos temas desaparecen de los programas de gobierno, disminuye la posibilidad de que se conviertan en políticas sostenidas, financiadas y con alcance real en los territorios.
¿Qué debería incluir un plan de gobierno en esta materia?
M.R.: Como mínimo, una posición clara y un compromiso explícito. Las candidaturas deberían partir del reconocimiento del marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente. Bajo el principio de progresividad, los derechos deben fortalecerse, no retroceder. Un plan de gobierno debería comprometerse a garantizarlos para todas las personas, sin importar dónde viven, cuánto ganan, cómo se identifican o a quién aman. Gobernar implica decidir para quiénes existen realmente los derechos, y frente a la dignidad y la autonomía de las personas, el silencio no debería ser una opción.
¿Cuál es el llamado que hace Profamilia a los candidatos presidenciales?
M.R.: Que la salud y los derechos sexuales y reproductivos dejen de ser los grandes ausentes. Colombia ya los reconoció: están en la Constitución, en las leyes y en la jurisprudencia. Lo que sigue pendiente es garantizar que puedan ejercerse en todos los territorios. Todavía hay adolescentes sin educación sexual, mujeres que enfrentan barreras para acceder a servicios y víctimas de violencia sin atención oportuna. Quien llegue a la Presidencia no puede gobernar como si esas realidades no existieran. Colombia merece candidatos y candidatas a la altura de los derechos que este país ya conquistó.
*Contenido elaborado con el apoyo de Profamilia