La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial dentro del proceso de intervención de las sociedades Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y Premium Capital Appreciation Fund BV. La decisión expedida por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia cobija a 26 sociedades más entre las que aparecen Andean Capital Markets S.A., Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V., Compañía Colombiana de Capitales S.A.S, Helados Modernos S.A., Malta S.A, Las Tres Palmas Ltda., Torres Opal USA Corporation S.A.S., Cuama S.A. e Inversiones Jaramillo Botero S.A. El auto que decretó la liquidación judicial dentro del proceso de intervención en curso cobija, además, al patrimonio de 31 personas naturales, entre las que aparecen Juan Carlos Ortiz Zárrate, Tomás Jaramillo Botero y Víctor Maldonado Rodríguez, entre otros. La medida se da luego que la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las anteriores sociedades y personas naturales. Durante este proceso, el interventor, Alejandro Revollo, adelantó conversaciones con los intervenidos, principalmente con los señores Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárrate y Víctor Maldonado Rodríguez, con miras a encontrar fórmulas de arreglo que pudieran resarcir a los inversionistas. Sin embargo, en la sesión de la asamblea de acreedores que se llevó a cabo el 25 de junio de 2014, el 99,15 por ciento de los afectados que asistieron se mostró en desacuerdo con las propuestas de los intervenidos. Con las actuaciones del interventor se ha logrado recuperar y devolver a los afectados, $18.100 millones, según consta en autos del 19 de diciembre de 2013 y del 18 de julio de 2014, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. En el auto se evidencia, además, que los intervenidos adeudan más de $192.893 millones, US$64.6 millones y 433.036 euros a los 1.028 afectados que se encuentran reconocidos dentro del proceso de intervención por la captación ilegal. A pesar de que el inventario inicial muestra activos del orden de los $516.837 millones, se ha podido establecer que más del 50% de estos ($281.698 millones), son de difícil recuperación. Tras la declaratoria de liquidación judicial dentro del proceso de intervención, los acreedores que aún no han sido reconocidos tendrán la posibilidad de hacerse parte dentro del proceso. La Superintendencia de Sociedades aclaró, además, que los afectados ya reconocidos tendrán preferencia para el pago de sus créditos y no estarán obligados a presentarse nuevamente al proceso. La finalidad de la liquidación judicial es procurar el pago a los afectados y acreedores, en la medida en que existan los activos disponibles para el efecto. En este proceso se adelantará la venta o adjudicación, según el caso, de los activos que formarán parte del inventario valorado y que deberá aprobar la Superintendencia de Sociedades. Como liquidador, se designó al abogado Alejandro Revollo Rueda, quien desde mayo de 2013 se viene desempeñando, por orden de la Superintendencia de Sociedades, como agente interventor de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y demás sociedades y personas naturales intervenidas.