Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no impone sanciones por la abstención electoral. A diferencia de Brasil, Argentina, Bolivia o Ecuador, el sistema nacional se fundamenta en un esquema de beneficios legales y constitucionales para quienes ejercen su derecho y deber al voto. Esta particularidad ha generado un debate sobre si la obligatoriedad fortalecería la democracia o si, por el contrario, profundizaría los problemas de corrupción y seguridad en los territorios más vulnerables.
Desde la perspectiva del derecho constitucional, Jaime Andrés López, abogado constitucionalista, docente universitario y Doctor en Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, explica que la Constitución de 1991 concibe el voto como un derecho y un deber, pero no como una obligación legal vinculante. Esta distinción técnica impide que el Estado aplique multas o castigos, ya que los deberes no traen como consecuencia sanciones por su no ejercicio.
Para López, esta falta de coacción genera una tensión entre la legalidad y la legitimidad del sistema. Aunque una elección con baja participación es plenamente válida bajo la norma actual, su legitimidad democrática se debilita cuando el mandatario electo no cuenta con el respaldo de una base representativa amplia de la sociedad.
En sintonía con este análisis, el experto Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y PhD en ciencia política, señala que el voto voluntario termina silenciando a grupos específicos como los jóvenes, la gente más pobre en ámbitos urbanos y las poblaciones de regiones marginalizadas. Según el académico, esta desigualdad en la representación permite que los actores políticos ignoren las necesidades de estos sectores al no considerarlos una fuerza electoral decisiva.
Uno de los argumentos en favor del voto obligatorio es el posible encarecimiento de la corrupción. Diego Alejandro Rubiano, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE), explica que si la participación aumenta hasta niveles cercanos al noventa por ciento, los costos de la corrupción electoral tendrían que incrementarse para garantizar el acceso a una curul.
Bajo este escenario hipotético, las maquinarias políticas enfrentarían una dificultad económica mayor para asegurar resultados mediante transacciones ilegales, pues el universo de votantes por controlar sería mucho más amplio que el actual.
Los riesgos de la coacción en el territorio
Sin embargo, la MOE advierte sobre los peligros de forzar la asistencia a las urnas en un país con presencia de grupos armados ilegales. Rubiano sostiene que en zonas donde existe un fuerte control social y coacción por parte de actores violentos, el voto obligatorio podría ser contraproducente. Sin una presencia estatal que garantice la seguridad y los servicios básicos, obligar a la ciudadanía a movilizarse hacia los puestos de votación podría traducirse en un riesgo inaceptable para las comunidades.
A esto se suman las barreras logísticas que Basset destaca sobre las regiones apartadas de la Amazonía o el Pacífico, donde el costo del transporte para llegar a los puestos de votación es muy elevado para la población. El experto recuerda que históricamente grupos como las FARC sabotearon jornadas electorales, lo que hace que en ciertas regiones la gente asocie las elecciones con situaciones de peligro.
Finalmente, la efectividad de los beneficios vigentes, como los descuentos en trámites o la reducción del tiempo en el servicio militar, es cuestionada por la MOE. Rubiano asegura que estos incentivos son poco perceptibles para la mayoría de la ciudadanía y que el esquema actual ha llegado a un techo de participación que no muestra mejorías considerables. Basset coincide en que, más que castigar la abstención, el Estado debería considerar incentivos más drásticos y efectivos, como la gratuidad total del transporte público durante la jornada electoral para facilitar el acceso de los sectores más humildes.