A tres semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, la Procuraduría decidió avanzar con una de sus estrategias más ambiciosas. El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, presentó oficialmente la segunda fase de Paz Electoral, ahora enfocada en la indebida participación en política de servidores públicos.
Con el eslogan “La línea que no se cruza”, el Ministerio Público busca enviar un mensaje preventivo sobre los límites que impone la Constitución durante el proceso electoral.
La estrategia no sólo tiene un componente disciplinario. El objetivo es desplegar una campaña pedagógica para explicar qué conductas no están permitidas, qué conductas no están prohibidas y cuáles podrían ser las sanciones respectivas.
Pero el corazón de la iniciativa está en seis conductas que la Procuraduría considera líneas rojas para cualquier servidor público. La entidad recordó que esas prohibiciones aplican para funcionarios de cualquier nivel jerárquico y que su incumplimiento puede derivar en sanciones disciplinarias. Asimismo, dejo claro lo que no está prohibido.
La estrategia, que tiene un despliegue nacional, se respalda en los procuradores regionales y provinciales para llevar el mensaje a todos los rincones del país y convertir la campaña en una herramienta de prevención antes que de sanción.
Durante el lanzamiento de Paz Electoral 2.0, el procurador Gregorio Eljach insistió en que esta nueva etapa de la estrategia tiene el objetivo de evitar que ningún servidor público use recursos oficiales, contratos, presiones o amenazas para influir en la decisión de los electores. “Nosotros somos el faro, la magistratura moral de la Nación”, afirmó el jefe del Ministerio Público.
El jefe del ministerio público advirtió además que cualquier forma de presión sobre funcionarios o ciudadanos para inducir el voto constituye una conducta no permitida y puede derivar en consecuencias disciplinarias. La Procuraduría busca precisamente reforzar el componente preventivo para evitar que esas prácticas se conviertan en costumbre en plena campaña presidencial.
Alcance nacional
Eljach señaló que uno de los mayores retos será llevar este mensaje a las regiones más apartadas del país, donde históricamente han existido mayores dificultades institucionales. Para ello, la estrategia contempla un trabajo pedagógico con alcaldes, gobernadores, personeros y servidores públicos para explicar cuáles son los límites que impone la ley.
El procurador también pidió responsabilidad frente a las denuncias por posible participación indebida en política.
Dijo que la Procuraduría recibe constantemente fotografías, videos y acusaciones sobre funcionarios que presuntamente estarían interviniendo en campañas, pero recordó que cualquier investigación requiere pruebas claras, identificación de responsables y respeto por el debido proceso.
Afirmó que uno de los principales riesgos en medio de la polarización política es que las sospechas terminen convirtiéndose en acusaciones sin fundamento, e insistió en que la vigilancia institucional debe hacerse con garantías, pero también con responsabilidad, para evitar que las denuncias terminen utilizadas como herramientas de confrontación política en plena campaña presidencial.
La decisión de poner la lupa sobre la conducta de funcionarios públicos llega en un momento particularmente sensible para el país. El inicio de la campaña presidencial coincide con una creciente polarización política y con las primeras disputas de poder rumbo a 2026.