Por años las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes en España ha reclamado por Justicia y que los casos de pederastia en la Iglesia católica se den a conocer de manera pública. Un primer gran informe, impulsado por el Parlamento, se divulgará este viernes en el país.
La constitución de la comisión independiente, dirigida por el Defensor del Pueblo (“ombudsman”), fue aprobada en marzo de 2022 por los diputados en el Congreso, quienes dijeron querer “sacar a la luz” las “execrables conductas personales cometidas contra niños y niñas indefensos” en el seno de la Iglesia.
El informe final de la comisión, que se puso como objetivos determinar “responsabilidades”, ofrecer “reparación” a los afectados y prevenir nuevos casos, será entregado al Congreso este viernes a las 9:30 a.m., hora local, por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
La Iglesia católica, que por años se negó en redondo a cualquier pesquisa exhaustiva, declinó participar en la comisión, aunque posteriormente sí facilitó documentos sobre casos de pederastia recabados por las diócesis.
Auditoría de la Iglesia
En medio de las presiones sociales y políticas, la Iglesia anunció en febrero de 2022 una auditoría sobre los casos y se la encargó a un despacho de abogados, que tiene previsto finalizarla antes de que termine el año.
En junio pasado, la Iglesia, que se defiende diciendo que ha implementado protocolos de actuación ante abusos y ha instalado oficinas “de protección de menores” en las diócesis, reconoció haber tomado testimonio a 927 víctimas.
Ante los escasos datos oficiales, el diario El País puso en marcha en 2018 una base de datos, que ha contabilizado 2.206 víctimas y 1.036 abusadores desde el año 1927.
Como comparativa, una comisión independiente en Francia contabilizó 216.000 menores víctimas desde 1950, en Alemania un estudio halló 3.677 casos entre 1946 y 2014 y en Irlanda más de 14.500 personas recibieron compensación financiera a través de un dispositivo establecido por el Gobierno.
“Válvula de escape”
El anuncio de la publicación del informe liderado por el Defensor del Pueblo fue saludado por víctimas y por asociaciones que las representan.
Ese documento “es un reconocimiento público de que las situaciones (los abusos) existen” y servirá para “decir por fin que este no es un tema oculto, no es un tema vergonzante”, dijo a José Alfonso Ruiz de Arcaute, quien denunció agresiones sexuales de un fraile en una parroquia de Vitoria, País Vasco (norte), en 1982, cuando tenía 13 años.
“Significa una válvula de escape para las víctimas, porque hemos estado durante décadas totalmente ninguneados y minimizados y este informe debe servir de espoleta para que los poderes públicos hagan su trabajo” de reparar a los afectados, “ya que la Iglesia no lo ha hecho”, señaló Juan Cuatrecasas.
Cuatrecasas es miembro fundador de la asociación Infancia Robada y padre de un joven abusado por un profesor en un colegio católico entre 2008 y 2010 en la ciudad vasca de Bilbao.
Infancia Robada colaboró estrechamente con la investigación, que “ha sido un proceso limpio, transparente” en el que se dio “un trato muy empático” a los entrevistados, dijo Cuatrecasas, quien espera que el reporte recoja peticiones que hicieron las víctimas, como poner a su disposición terapias gratuitas de por vida.