Un tribunal de apelaciones en Perú ratificó el viernes 31 de marzo, los 36 meses de prisión preventiva por presunta corrupción impuestos al expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.
El exmandatario de 53 años deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos. El expresidente había anunciado entonces que apelaría la decisión judicial. Sin embargo, su caso no ha avanzado a su favor.
“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros”, señaló el Poder Judicial en la red social Twitter.
El 10 de marzo, en una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Por su parte, por el caso de corrupción, dos exministros de Castillo cumplen también prisión preventiva, algunos de los cuales también se les amplió su tiempo en cárcel.
Luego de su fracasada maniobra el 7 de diciembre, Castillo fue destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Al mismo tiempo, su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.
Castillo, un izquierdista y líder sindical magisterial, niega los cargos de corrupción y sostiene que está “secuestrado injustamente”. Mientras que la tesis de la Fiscalía es que Castillo dirigía desde la Presidencia una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. En ese momento, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigen su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Pedro Castillo agradece desde prisión a López Obrador por su apoyo
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, envió una carta al dirigente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que ha agradecido su apoyo “desde el primer día”, cuando fue detenido tras anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
“Desde esta celda en la que solo puedo resistir con anhelo de la libertad pronta de mi pueblo, lo saludo con toda la fuerza y esperanza para agradecerle a usted y a todo el pueblo mexicano por todo el respaldo a las luchas justas del Perú y el apoyo permanente a mi familia”, se lee en el escrito.
Castillo ha señalado que su “libertad es secundaria”. “La verdadera libertad que se debe apoyar, querido hermano presidente, es la de nuestro pueblo, hoy reprimido y con decenas de compatriotas muertos a balazos”, manifestó.
Además, también ha agradecido la ayuda brindada a su esposa e hijos, a quienes se les otorgó asilo en Lima en diciembre, y le ha comunicado que el abogado argentino Guido Croxatto será el encargado de su defensa.
“Permítame que la estrategia internacional de mi defensa va a estar liderada por el abogado argentino Guido Croxatto. Le he encomendado esta especial tarea, que él lleve adelante con especial compromiso, no es la primera vez que abogados argentinos se comprometen con este pueblo”, reza la misiva.
López Obrador, quien ha compartido la carta en sus redes sociales, ha explicado que se ha reunido con Guido Croxatto, abogado de Castillo, “el presidente que fue destituido de manera ilegal y está injustamente en prisión padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú”.
*Con información de la AFP y Europa Press.