El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este lunes, 28 de abril, dos nuevas órdenes ejecutivas que van a intensificar la política en contra de la migración en su país.
Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una de las nuevas medidas “dará rienda suelta a las fuerzas del orden de Estados Unidos para perseguir a los criminales”, mientras que la otra tiene la finalidad de identificar “ciudades santuario” que no cooperen con la administración en cuanto a las leyes migratorias.
La segunda orden le solicita a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, identificar las ciudades y los estados que no colaboren con las políticas migratorias que ha impuesto el gobierno de Trump. Estas podrían recibir recortes federales y posibles demandas penales y civiles. Para hacer la lista de las ciudades, los organismos correspondientes tiene un plazo de un mes.
Además, el presidente le ordenará al Departamento de Justicia para que presente una serie de demandas en contra de los territorios que Trump considere que favorecen a los inmigrantes indocumentados.
Para lograrlo, la orden usa de ejemplo algunas leyes estatales que le permiten a los extranjeros obtener matrículas en universidades públicas, donde, en algunos casos, les han sido negadas a estudiantes estadounidenses.
Esta también propone otras reformas, como “aumentar los activos militares excedentes para la aplicación de la ley local”, que fueron recortados por la anterior administración demócrata. Y pide una revisión de los “decretos de consentimiento federal, acuerdos extrajudiciales y órdenes posteriores a la sentencia que obstaculizan la aplicación de la ley, y hacer modificaciones según sea necesario”, lo que tendría un gran impacto en las ciudades.
La orden se firmará tres días después de que las autoridades arrestaran a una jueza en Wisconsin, por cargos como obstrucción a la justicia y por ocultar a una persona del arresto, luego de que presuntamente este ayudara a un inmigrante indocumentado a huir de los agentes de inmigración.
Hasta el momento, la administración del republicano ha demandado a Nueva York y Chicago por sus políticas migratorias, que no se han ajustado a los deseos de Trump.
“Es muy sencillo”, dijo Leavitt desde la Casa Blanca este 28 de abril. “Obedezcan la ley, respétenla y no obstruyan a los funcionarios federales de inmigración ni a las fuerzas del orden cuando simplemente intentan eliminar las amenazas a la seguridad pública de las comunidades de nuestro país”.
La otra orden ejecutiva le exige a las autoridades que “empiecen acciones legales contra los funcionarios estatales o locales que obstruyan la aplicación de las leyes penales o de inmigración”, según el documento oficial.
Otras reformas buscan garantizar que las investigaciones sobre discriminaciones raciales se centren en “pruebas directas, no en disparidades estadísticas”. Y, a nivel general, las nuevas medidas ordenan más recursos federales que apoyen los esfuerzos de las autoridades y fortalezcan los procesos de “delitos violentos, tráfico de drogas y reincidentes con armas de fuego ilegales”.