Creciente preocupación y ‘horror’ ha despertado en occidente la promulgación, por parte del gobierno de Uganda, de una nueva ley enfocada en criminalizar y castigar la homosexualidad, un hecho que ha sido considerado como una persecución a la comunidad LGTBIQ+ en ese país.
Según destacan medios internacionales, la controvertida ley sancionada este lunes por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, comprende fuertes castigos en contra de las personas que sostienen relaciones con otras del mismo sexo, estando marcada por fuertes rasgos de represión.
La ley promulgada este lunes, y que fue revelada a través de las redes sociales, responde a un proyecto aprobado el pasado mes de marzo por los miembros del Parlamento de ese país, quienes justificaron su visto bueno en un mecanismo para la cultura y los valores de su país.
Si bien las organizaciones internacionales abogan y respetan la autonomía de los diferentes estados, siempre y cuando ello no atente contra los Derechos Humanos, en este caso ha suscitado precisamente una creciente controversia que ha significado incluso el pronunciamiento del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien se pronunció ‘horrorizado’, lamentando el texto y la ley en sí, señalando que este abre las puertas para una fuerte ola de discriminación en ese país.
El funcionario de la ONU se reconoció consternado con la noticia revelada este lunes, reconociendo que esta a su vez está marcada por una serie de inconsistencias y contradicciones al interior del ordenamiento legal de Uganda, al advertir que va en contravía de lo previsto en su Constitución, a la vez que en acuerdos internacionales de los que es signatario ese país, y por lo que sus disposiciones le son vinculantes; o de obligatorio respeto y cumplimiento.
Para el alto comisionado, la aprobación de esta ley va a suponer en Uganda el surgimiento de una ola de “violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT”.
Un mes atrás, a finales del mes de abril, según destacan medios internacionales, el presidente de Uganda ya había elevado una serie de reparos al texto aprobado, solicitando entonces a su parlamento que este texto pudiera ser revisado, apuntando que la ley no podría establecer como ‘criminal’ el hecho de que una persona fuera homosexual; no obstante, el mandatario sí pedía que se estableciera una prohibición para las relaciones del mismo sexo.
En medio de esa polémica y las disposiciones, se aclaró que, si bien no es delito ser homosexual, sí se penalizará, incluso con cadena perpetua, los actos de demostración de dicha orientación.
Otro de los puntos que ha despertado especial sorpresa e indignación en occidente frente a referida normativa, se refiere a una disposición que, pese a que el presidente solicitó retirar dicho acápite, se mantuvo en la ley, y señala el delito de ‘homosexualidad agravada’.
Lo anterior, se refiere a conductas de ‘reincidencia’, que pueden ser juzgadas desde los estrados judiciales como un delito digno de pena capital; es decir, podría significar la muerte.
Si bien en Uganda la homosexualidad está mal vista culturalmente desde tiempos inmemoriales, desde la independencia de este país, en 1962, las instituciones judiciales no han tenido que conocer de casos de homosexualidad, o emitir penas relacionadas con el delito de actos sexuales consentidos entre personas del mismo género.
Pese a las críticas que ha despertado la ley en occidente, a nivel local, la disposición cuenta de amplio respaldo por parte de la comunidad, marcada por rasgos ultraconservadores, que han sido elemento para que la comunidad LGBI sea foco recurrente de actos discriminatorios.
En medio del debate que en marzo dio luz a esta ley, los legisladores, e incluso el presidente de Uganda, se refirieron a las personas de dicha comunidad como ‘depravados y pervertidos’.
Como parte de los castigos derivados de dicha ley, también se establece que las organizaciones e instituciones que incentiven ese tipo de relaciones entre personas del mismo género pueden estar sometidas a penas de censura o veto por espacio de una década.
En el espacio internacional, desde Estados Unidos también han manifestado su repudio a la normativa, advirtiendo que, de ser promulgada, Uganda se vería sujeta a una serie de sanciones internacionales, voz a la que se adhirieron varios países europeos.
En el ámbito internacional también hay temor por parte de organizaciones que luchan contra el VIH, reconociendo que parte de sus beneficiarios son miembros de dicha comunidad.