Una familia de Georgia enfrenta una situación devastadora y singular: una mujer embarazada, declarada con muerte cerebral, permanece conectada a soporte vital para que su feto tenga oportunidad de nacer, según explicaron sus allegados, ya que un hospital les informó que esa prolongación es obligatoria bajo la estricta ley antiaborto del estado.
El caso ha despertado intensos debates debido a que contraviene lo que muchos consideran principios fundamentales del derecho a decidir y del consentimiento familiar.
Adriana Smith, enfermera y madre de 30 años, fue declarada con muerte cerebral tras una emergencia médica ocurrida cuando estaba cerca de las nueve semanas de embarazo, según relató su madre, April Newkirk.
A raíz de ese diagnóstico, los médicos del Hospital Universitario Emory les dijeron que retirarle el soporte vital probablemente provocaría la muerte del feto y que, de acuerdo con la ley estatal, no se les permite tomar esa decisión, pues el feto ya presenta latido cardíaco detectable.
La llamada ley del “latido del corazón”, aprobada en 2019 y aplicada desde el fallo Dobbs en 2022, prohíbe abortos tras la detección de actividad cardiaca fetal, alrededor de las seis semanas, y considera al feto con personalidad jurídica.
Aunque esta legislación contempla excepciones para emergencias médicas que pongan en riesgo la vida de la mujer, no aborda claramente casos en que la paciente ya está legalmente muerta, como sucede con Smith.
Expertos en bioética, como Lois Shepherd de la Universidad de Virginia, han cuestionado si la ley realmente exige mantener el soporte vital, pues al declararse muerte cerebral, la mujer ya no está viva en términos legales.
Activistas como Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, han calificado esta situación como una forma de tortura para la familia, que no tuvo voz para decidir sobre la voluntad médica ni lo que la paciente habría querido.
En términos médicos, prolongar un embarazo tras una muerte cerebral es extraordinariamente complejo. El doctor Vincenzo Berghella, especialista en medicina materno-fetal, ha revisado estudios y señala que solo se han registrado unas pocas decenas de casos similares, muchos de los cuales no lograron llegar a término por complicaciones como infecciones o fallos orgánicos. Además, en los casos registrados el embarazo estaba en una etapa más avanzada que en este de Georgia.
La ley, al atribuir personalidad al feto, transforma la relación médico-paciente, ya que el hospital podría estar considerando dos sujetos: la mujer y el feto, y actuando para preservar a ambos.
El senador Ed Setzler, autor de la ley estatal, manifestó que considera adecuado que el hospital actúe para “salvar la vida del niño” y que la familia mantiene opciones como quedarse con el bebé o darlo en adopción.
La familia continúa visitando a Smith, quien está gestando un embarazo de unas 21 semanas, mientras la ley y la ética médica chocan con la realidad de un cuerpo sin vida mantenido artificialmente para preservar otro potencial de vida.