En la cárcel La Picota fue recluido en las últimas horas Jesús Alejandro Garzón, ex asesor jurídico del despacho del ex procurador Fernando Carrillo, investigado por hechos de corrupción al interior de la Procuraduría. La decisión fue tomada por el juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá, que resolvió la apelación a la medida domiciliaria que le otorgaron desde el pasado 27 de enero.
Cabe recordar que dos hechos fueron investigados por la Fiscalía en contra de Jesús Alejandro Garzón, el funcionario y sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo capturado por hechos de corrupción al interior del Ministerio Público.
Garzón fue capturado por una denuncia que radicó en la Fiscalía y la Dijín el senador Richard Aguilar, en la que detalló que el ahora imputado le exigió 300 millones de pesos para proyectar a su favor una inminente decisión que estaba por salir del despacho del entonces procurador general Fernando Carrillo.
“Para ese entonces, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de dos personas, al parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012”, señaló el director anticorrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón.
La fiscal anticorrupción que le imputó el delito de concusión aseguró que después de hacer exigencias económicas al senador Aguilar para “ayudarle” en los procesos en su contra y en la Procuraduría, el sustanciador también le ayudó a un mayor de la Policía en la presentación de un derecho de petición y luego una tutela para dejar sin efectos una decisión de la misma Procuraduría.
La Fiscalía presentó en las audiencias preliminares los audios que detallan una conversación entre el funcionario capturado y el mayor de la Policía, en la que coordinan la radicación del derecho de petición y la tutela, con la garantía de resolver a su favor las peticiones. Por ese trámite, el sustanciador, al parecer, cobró cinco millones de pesos, pero la decisión fue detectada por el despacho del procurador general y posteriormente se revocó.
“En diciembre de 2019 el procurador general tuvo conocimiento de los presuntos hechos delictivos y como parte de la estrategia de transparencia y control interno, ordenó iniciar una verificación que contó con el apoyo investigativo del Área Anticorrupción de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) de la Policía Nacional, y denunciar penalmente ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción”, señaló la Procuraduría en un comunicado del 15 de enero de 2021, horas antes de dejar el cargo el exprocurador Carrillo.
Y es que fue el cobro de 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar a cambio de resolver a su favor un proceso disciplinario que se llevaba en su contra en la Procuraduría General de la Nación, dejó al descubierto un escándalo en el Procuraduría en el que esta es la más reciente decisión.
Según los investigadores, Garzón habría aprovechado su estratégico cargo para proyectar fallos que en segunda instancia resolvía el procurador Carrillo y montar un negocio ilícito en el que, según pudo establecer SEMANA al acceder a llamadas interceptadas por los investigadores de la Fiscalía, estarían involucrados dos abogados más y una familiar cercana.