SEMANA conoció el documento en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó las pretensiones de la Cancillería de Colombia para que Portugal se pronuncie frente a la demanda que interpuso la Procuraduría contra el nuevo modelo pasaportes. Ese recurso busca suspender el convenio que firmaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de ese país para poner en marcha esa iniciativa que ha impulsado el presidente Petro.
El magistrado José Élver Muñoz, ponente en esta controversia contractual, decidió volver a elaborar la carta que hace unos días le envió a Portugal solicitando un pronunciamiento frente a este proceso, después de que la Cancillería radicó un memorial cuestionado la forma en que hizo ese trámite inicialmente.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Rosa Villavicencio, esa petición debía dirigirse a la autoridad homóloga del partido requerido, en este caso, a la República de Portugal, y su expedición tendría que estar avalada por la autoridad judicial competente, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura.
La Cancillería expuso en ese recurso: “La carta rogatoria cita la Convención Interamericana Sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, y los formularios adjuntos hacen referencia a la Convención de La Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, mismas que no son aplicables para el presente caso”.
Pues el pasado 6 abril, el magistrado Muñoz Barrera emitió un auto en el que le pidió a la Procuraduría enviar, en un plazo de diez días hábiles, la carta rogatoria traducida al idioma oficial de Portugal y un ejemplar en físico de los documentos portados en el proceso en lenguaje español.
El Tribunal Superior de Bogotá también explicó en esa decisión: “Los documentos serán traducidos por un traductor o interprete oficial en los términos establecidos por el artículo 33 de la Ley 962 de 2005 que modificó el artículo 4 del Decreto 382 de 1951. La parte actora deberá acreditar el cumplimiento de este requisito”.
La Procuraduría también deberá apostillar los documentos del proceso y, teniendo en cuenta que la Imprenta Nacional Casa de la Moneda de Portugal esta vinculada al proceso, la secretaria del Tribunal deberá verificar los correos a los que fueron enviadas las notificaciones del caso. Por ahora, no hay decisiones definitivas frente a este trámite que inició el ente de control.