SEMANA conoció la historia de lo que sería un millonario escándalo en el sector salud. En este caso, los hechos materia de investigación tienen que ver con una decisión adoptada por la juez laboral de Girardot, quien en un polémico fallo ordenó a la IPS Médicos Asociados pagar a favor de Alfonso Castillo Arias, presidente y propietario de esa entidad, más de $103 mil millones de pesos, por presuntas acreencias laborales originadas por más de 25 años, como empleado de la IPS.
Los denunciantes, según la documentación conocida por SEMANA, advierten que la decisión va en contravía de la Constitución Política y del ordenamiento jurídico colombiano. Cabe recordar que en la normatividad, un empleado tiene un plazo no menor a tres años para que le sean reconocidas sus acreencias ante cualquier relación laboral legalmente obtenida.
“El compromiso ordenado por el despacho laboral de Girardot afecta de manera directa los recursos de la salud”, señalan los denunciantes.
Por estos hechos, en 2015, la funcionaria fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, sin que hasta la fecha los responsables del multimillonario descalabro a los dineros de la salud esté bajo resguardo de las autoridades.
Los denunciantes, por su parte, enviaron incluso una comunicación al Ministerio de Justicia señalando que “en este caso también se pronunció la Corte Constitucional en la T 371-2020, al considerar que el aparato de justicia, al parecer, ha fallado, teniendo en cuenta, ministro, que estos dos hechos están conectados, pues se trata de hechos corruptos alrededor de EPS Médicos Asociados, en cabeza del señor Alfonso Castillo Arias. Este escrito, doctor Ruiz, busca para pedir su ayuda e intervención, pues en estos dos casos han pasado seis y siete años, respectivamente, y no hay respuesta alguna por parte del aparato judicial colombiano. Pido su intervención, pues no se puede permitir que dineros de la salud salgan al bolsillo de particulares y tomen el control de entidades que han manejado dineros de la salud”.
Pero no solamente ante el Ministerio de Justicia. Se solicitó, de igual manera, ante el fiscal Francisco Barbosa, celeridad en este proceso. Al tiempo que se pidió al Consejo de la Judicatura que investigue a la operadora judicial que ordenó el multimillonario pago, proveniente de dineros de la salud.
Así mismo, se solicitó celeridad en la investigación contra el mismo presidente de la IPS Alfonso Castillo Arias, por el hurto y falsificación del libro de accionistas de la IPS Médicos Asociados. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, al comprobarse que varios renglones del libro original fueron falsificados para favorecer la posición dominante del señor Castillo Arias, frente a la composición accionaria de la IPS.