Para este jueves, a las 2:30 p. m., está programada la audiencia en la cual la Fiscalía General intentará, por tercera vez, imputarle cargos a Aida Victoria Merlano Manzaneda. La influencer será vinculada a un caso de enriquecimiento ilícito después de que su nombre apareciera en una empresa que está en la mira de las autoridades judiciales por actividades ilícitas.
La diligencia se ha tenido que aplazar en dos oportunidades: la primera vez porque el 6 de septiembre tenía pendiente la audiencia en la que se iba a emitir el sentido del fallo en el juicio que se le adelantó por la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano. El segundo intento fracasó, el pasado 19 de septiembre, puesto que su defensa no había podido comunicarse con la joven para preparar su estrategia ante los tribunales.
SEMANA conoció que este caso se relaciona con presuntas actividades ilícitas derivadas con una empresa que constituyó su padre biológico, José Antonio Manzaneda Vergara. Pese a que en repetidas oportunidades Aida Victoria ha manifestado que tiene poco contacto con él y que desde hace años la relación es casi nula, la joven aparece como representante legal de unas propiedades que habría adquirido esta sociedad.
Entre estas se encontrarían una propiedad, un depósito y dos parqueaderos ubicados en la capital de la República. Estos bienes fueron comprados por esta constructora que tiene sede en Barranquilla y fue constituida en marzo de 2019.
El meollo del asunto radica en que esta empresa tendría un origen ilícito, y entre sus socios se encontraría una persona con antecedentes judiciales y con investigaciones en curso por diferentes actos ilegales; entre estas, la compra de votos para las elecciones que se celebraron en marzo de 2018 y toda la estructura criminal que se conformó para la obtención ilegal de estos en el departamento del Atlántico.
Hace pocas semanas, la Fiscalía General le había solicitado a un juez de control de garantías de Bogotá que emitiera una orden de captura para que respondiera por este caso. Sin embargo, por considerar que no cumplía con los requisitos exigidos, el funcionario judicial no aceptó la petición.
El abogado Miguel Ángel del Río, apoderado tanto de la excongresista Aida Merlano como de su hija, ha manifestado que todo esto representa una persecución judicial. Esto al considerar que existe una especie de retaliación por la información entregada sobre compra de votos y que salpicó, entre otros, al ahora expresidente Iván Duque; el exalcalde de Barranquilla, Álex Char; su hermano, el excongresista Alejandro Char, y el empresario Julio Gerlein.
Aida Victoria pide tumbar su condena
El pasado miércoles, la defensa de Aida Victoria Merlano radicó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el recurso de apelación en contra del fallo que la condenó a siete años y cinco meses de prisión por participar en la fuga de su madre, registrada el primero de octubre de 2019.
En el recurso, se advierte que en el desarrollo del juicio nunca se pudo demostrar su participación en el plan de fuga y mucho menos en la utilización de su hermano, quien era menor de edad en ese momento.
“No existe elemento de prueba suficiente para establecer un aporte por parte de la señora Aida Victoria Merlano, de forma que, ante la ausencia de estos elementos de convicción, queda desechado el supuesto grado de participación en el cual se vio inmersa”, precisa una de las alegaciones.
Considera que sí hay varios testigos, entre ellos la excongresista Aida Merlano, que aseguró que ninguno de sus hijos tenía conocimiento del plan, hecho por el cual no participaron en la acción. “(...) no se tiene conocimiento al día de hoy, después de emitida una sentencia condenatoria, cual fue el iter delictual adelantado por la señora Merlano Manzaneda, en sus aspectos principales. No explica la Fiscalía y tampoco el operador judicial cuales fueron las actuaciones que permitieron adelantar las etapas de preparación y ejecución”.
Para la defensa de Merlano, no existe claridad frente a los hechos, cómo participó en la fuga ni cómo se instrumentalizó al menor. “De tal forma que ante la ausencia de un aporte específico, sea relevante o no, por parte de la procesada, nos permite establecer que no se probaron tampoco los elementos que permitan establecer la existencia de la coautoría”, hecho por el cual se pide revocar el fallo condenatorio.
Del Río insiste en que para hablar de coautoría se debe conocer el autor del delito, y en el juicio nunca se precisó quién fue. “Todo lo anterior genera una cuerda de sin sentidos en el grado de participación, producto precisamente de una incorrecta valoración probatoria y un erróneo entendimiento sobre los conceptos penales aplicables al caso en concreto”.