Las violentas jornadas en Bogotá, Cali y Medellín han puesto en evidencia qué tipo de liderazgo ejercen los alcaldes en las principales ciudades del país. A pesar de los destrozos, los saqueos, las balaceras, los incendios y el terrorismo urbano, los tres alcaldes se mostraron en desacuerdo con la asistencia militar ordenada por el presidente Iván Duque para preservar el orden público.
En Cali, Jorge Iván Ospina se ha visto particularmente poco sintonizado en su trabajo con la Policía y el Ejército, y, por momentos, ha actuado de una manera tan extraña que no parece la principal autoridad de la ciudad. La capital el Valle es hoy una urbe sumida en la anarquía, secuestrada y con su alcalde peleando con el Gobierno nacional, mientras la delincuencia tomó el control de barrios enteros donde encapuchados instalaron retenes, cobran peajes hasta de 20.000 pesos para dejar pasar los vehículos y requisan a los ciudadanos. La ciudad está convertida en un basurero, pues se completan 11 días sin que se haga la recolección.
Por eso, muchos se preguntan hoy en Cali qué le pasa al alcalde, que, justo en el momento en que las autoridades deberían estar más unidas, ha abierto un frente de confrontación público con el ministro de Defensa, Diego Molano, por los llamados corredores humanitarios. Cuando Molano reconoció el trabajo de la fuerza pública para evitar el desabastecimiento de alimentos, Ospina respondió con tres piedras en la mano. “No señor, corredor humanitario es sagrado, cordón umbilical con la vida, triunfo de la civilidad y la empatía, imperativo protegerlo. Ministro, respete los triunfos logrados por la ciudadanía, concesión de los manifestantes, mediación de la Iglesia”, dijo Ospina en su cuenta en Twitter.
Lo cierto es que el alcalde pareciera estar actuando con intereses políticos. Su mayor votación en 2019 la obtuvo en los barrios populares de Cali, como el distrito de Aguablanca y el sector de Siloé. Allí, Ospina ha sido permisivo con los desmanes y muchos ciudadanos perciben que ha hecho falta autoridad.
Tras la caída de la reforma tributaria, terminó convocando una jornada de movilización y día cívico, sin tener en cuenta el tercer pico de la covid-19 que ha azotado a Cali. Algo muy extraño en él, siendo un médico de profesión, que sabe de los riesgos de las aglomeraciones, y quien ha tenido la dolorosa tarea de contar los muertos de la pandemia.
La ambigüedad del alcalde caleño se refleja, por ejemplo, cuando en sus declaraciones a la prensa trata de bajarle perfil al caos desatado en la ciudad. Utiliza mínimamente la palabra vándalos y siempre se muestra abierto al diálogo. “No hay otra salida”, dice.
El alcalde de Cali es un político de izquierda, de la Alianza Verde, cercano a Gustavo Petro. Es hijo de Iván Marino Ospina, excomandante del M-19. Cuando fue candidato a la alcaldía, avivó las protestas contra el entonces alcalde Maurice Armitage. Ahora las cuentas no le cuadran cuando él es la autoridad y el pueblo reclama en las calles.
En el caso de Bogotá, Claudia López ha actuado de manera más prudente. Sin embargo, un episodio la dejó muy mal parada frente a los ciudadanos y la fuerza pública. En una grabación divulgada por la W Radio, se confirmó que la alcaldesa, en medio del desespero por el ataque de vándalos en el sur de Bogotá, sí le pidió al ministro de Defensa apoyo del Ejército. “Señor ministro, buenas noches. Tenemos hoy una situación muy difícil en Bogotá. Especialmente en el Portal de las Américas. Tenemos información de que están disparando incluso contra los policías (...), ya tenemos uno herido y también el Ejército, que nos está ayudando a cuidar el patio. Nos informan que ha habido disparos. Ellos han evitado que ingrese gente al patio, pero al parecer hay gente armada en ese punto”, le dice la alcaldesa al ministro Molano. Luego, Claudia López hizo la solicitud de manera explícita: “Yo quisiera, señor ministro, que el Ejército nos pudiera ayudar, como ellos pueden estar fijos en puntos, a tener, además de los patios y estaciones que nos están ayudando a cuidar hoy, que desde esta madrugada pudiéramos organizar para que cuiden las estaciones de Policía y la URI...”.
Sin embargo, al día siguiente, cuando los periodistas le preguntaron si había solicitado ayuda militar, lo negó todo. En este caso, como en otros, lo que hace la alcaldesa es tratar de quedar bien con todo el mundo, pero esta vez una grabación reveló sus propias contradicciones. No es un pecado que un alcalde, en las circunstancias tan difíciles en las que ha estado Bogotá, acuda a la fuerza pública para proteger la vida de sus ciudadanos. Las cuentas políticas de los aliados de la alcaldesa, más volcados hacia la izquierda, no tienen cabida en este asunto.
En Medellín, el alcalde Daniel Quintero también es hijo de la movilización social y tiene un cordón umbilical que lo une políticamente con la protesta. Por eso, en la jornada del pasado 5 de mayo envió a todo su gabinete a las calles para garantizar que no se violaran los derechos de quienes salían a manifestarse. Quintero también se negó a la asistencia militar ordenada por el Gobierno. “Medellín no solicitará asistencia militar adicional en el marco de las movilizaciones actuales. Agradecemos al Ejército seguir acompañando las tareas de protección de infraestructura crítica en la periferia y zonas rurales de la ciudad”, dijo en Twitter.
La calma de Quintero desapareció repentinamente a inicio de esta semana, cuando hizo público un panfleto que al parecer está circulando entre comerciantes de la capital antioqueña y que habría repartido un grupo paramilitar denominado Autodefensas Unidas por Medellín. Quintero ha rechazado las expresiones de violencia en contra de los manifestantes y, al mismo tiempo, los ataques a la infraestructura, como sucedió con la incineración de una estación del sistema de buses articulados Metroplús.
Otros alcaldes del país se han visto envueltos en polémicas en medio del paro, como el de Pereira, Carlos Maya, quien dio unas infortunadas declaraciones invitando a un frente común contra la violencia y llamando a la seguridad privada. Sus afirmaciones, lamentablemente, fueron horas antes del ataque a un grupo de manifestantes, entre ellos Lucas Villa, quien fue abaleado con ocho disparos desde un carro.
La Procuraduría anunció en las últimas horas que les abrió indagación preliminar a Maya; al alcalde de Cartagena, William Dau, y al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por algunas de sus declaraciones en medio de las jornadas de protesta. En crisis como la actual, los alcaldes deben apegarse a la ley y ser conscientes de que gobiernan para todos sus ciudadanos.