La idea de eliminar la Ley de Garantías vuelve a la agenda pública. Esta vez la puso sobre la mesa el presidente Iván Duque y la respaldó su padrino político Álvaro Uribe. Fue precisamente el expresidente quien le dio vida en 2005 y quien ahora le quiere dar cristiana sepultura en el Congreso de la República. "El martes invitaremos a los colegas congresistas a firmar el proyecto de ley para eliminar la Ley de Garantías con el fin de que los alcaldes y los gobernadores puedan ejecutar obras y presupuesto en el año 2019", anunció Uribe en su cuenta de Twitter. El argumento que mueve la eliminación de la Ley de Garantías es que el propósito por el cual fue creada ya no existe: la reelección. En 2005 Uribe se preparaba para aspirar a ser reelegido el año siguiente, y para que la contienda electoral fuera un poco más equilibrada, fue creada la ley que fija los topes de los gastos de campaña. Esta nueva legislación contemplaba que los gastos del presidente-candidato debían ser menores que los de sus contendores, regulaba el acceso a medios de comunicación, los cuales corrían el riesgo de ayudar a mover la balanza hacia el lado de Uribe por ser el presidente. Si bien la reelección quedó proscrita en Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de garantías quedó viva y la queja constante de los alcaldes y gobernadores es que se convierte en un obstáculo para la gestión pública, pues prohíbe la contratación directa y los convenios inter administrativos desde los cuatro meses anteriores a las elecciones. Este año, por ejemplo, el calendario electoral ha estado apretado por cuenta de las elecciones legislativas y las presidenciales –primera y segunda vuelta- por tanto la Ley de Garantías les ha quitado 344 días a alcaldes y gobernadores para adelantar procesos de contratación. "Dado que ya no hay reelección presidencial, yo creo que es muy importante, le hablo a los miembros del Congreso, que nos acompañan, que miremos cómo le quitamos ese obstáculo a muchos alcaldes y gobernadores que por la Ley de Garantías terminan dejando de ejecutar muchas obras que se necesitan para la comunidad antes de entregar el periodo", con estas palabras Duque lanzó la propuesta en la “Ocadtón”, una jornada en que se asignan en la mayor brevedad recursos de regalías para que se ejecuten en proyectos de las regiones. Vuelve y juega La idea de eliminar la ley no es original de Duque, en 2015 el entonces presidente Juan Manuel Santos le prometió a los alcaldes y gobernadores que la acabaría, pero no lo cumplió. La iniciativa tuvo corta vida en el Congreso y una férrea oposición. El senador Jorge Robledo aseguraba que era una estrategia para que los mandatarios locales pudieran hacer campaña con los recursos públicos. Y el entonces procurador Alejandro Ordóñez advirtió que se trataba de una trampa a la democracia. En contexto: La disyuntiva de eliminar la Ley de Garantías Pero ahora, podría haber mejor clima en el Congreso y en la opinión pública. Con la eliminación de la Ley de Garantías se caería el argumento más importante que tienen quienes impulsan la ampliación de periodos para alcaldes y gobernadores hasta el 2022 -iniciativa que ya superó el primer debate-. El proyecto podría quedar cojo y sin algunos votos porque sobre él pesa el lastre de querer ‘atornillar’ en el poder a los pesos pesados en las regiones como Alex Char en Barranquilla y Enrique Peñalosa en Bogotá. “La única justificación democrática para la unificación de los períodos nacional y regional es evitar dos períodos de Ley de garantías. Gran acierto del presidente Iván Duque la propuesta de eliminar la Ley de garantías que paraliza el desarrollo regional”, escribió en su cuenta de Twitter el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Felipe García. Le recomendamos: ¿Alcaldes atornillados en el poder? La excongresista Claudia López también apoya la propuesta, pues prefiere que se acabe con la Ley de Garantías y no que se unifiquen los periodos de los mandatarios locales con el del presidente a punta de mantenerlos dos años y medio más en el poder.
Pero a esta propuesta tan intempestiva también le corre en contra el tiempo. Al ser una ley estatutaria, la nueva ley que pretende eliminarla tiene que cumplir las condiciones que contempla el artículo 153 de la Constitución, es decir obtener mayoría absoluta en el Congreso y efectuarse dentro de una legislatura, además debe tener la revisión de la Corte Constitucional, que podría demorar el trámite. Este proceso es largo y para que logre pasar con la agilidad necesaria y se convierta en ley antes de julio del año entrante –cuando entra en vigencia la Ley de Garantías- necesitaría ser radicada con mensaje de urgencia por parte del Gobierno. Por el momento, la eliminación de la Ley de Garantías cuenta con el respaldo del Centro Democrático en cabeza del senador Álvaro Uribe, quien le está apostando a sacar adelante esta idea, tal vez con el mismo ahínco con el que hace 13 años impulsó su creación.