El exsenador Artutro Char llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a ampliar su indagatoria en el proceso que se le adelanta por compra de votos y por el cual, actualmente, se encuentra privado de su libertad.
El exsenador, quien fue ingresado por el sótano, será asistido en esta diligencia judicial por los abogados Darío Bazzani y José Luis Barceló (exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia).
Char, investigado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados, es señalado de participar directa y activamente en un acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en el que habrían intervenido un número plural de personas, entre ellas Aida Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguó desde la sede política Casa Blanca, en el centro de Barranquilla.
En la extensa decisión, la Corte da credibilidad a las cinco declaraciones que rindió la excongresista Aida Merlano, quien lo señaló directamente de participar en el plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018, a fin de garantizar su reelección y aumentar su poder.
Pese a que Char, por medio de su defensa, reconoció la visita alegando que el objetivo era “finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del departamento del Atlántico”, testigos aseguran que en los encuentros que se llevaron en la sede política ejerció presiones y dio instrucciones para el plan de compra de votos, que ya estaba en marcha.
“El referido acuerdo se tradujo en la organización y logística para la compra de 10.000 votos a favor de Arturo Char”, señaló la Corte en el documento, con el que se resolvió la detención “intramural” mientras se decide si es llamado a juicio por concierto para delinquir y manipulación de elementos materiales probatorios.
Para ratificar el modo, tiempo y lugar de estos encuentros, la Corte citó la declaración de Rafael Antonio Rocha, quien fue el gerente de la campaña de Aida Merlano y aportó evidencia de las reuniones. “Está probada la existencia de las acciones coordinadas para el acceso fraudulento a votos, en orden a lograr la elección de Aida Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás Delgado al Congreso, y la reelección de Arturo Char”.
La relación entre Merlano y la denominada casa Char tenía como factor especial la relación sentimental de la representante a la Cámara con el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien le había manifestado su apoyo para que diera el salto al Senado en 2018.
Como lo relata la Corte, estaba proyectado para lograr “una especie de gana-gana (...) se promocionaba políticamente a la amiga de Arturo Char, Lilibeth Llinás, y se respaldaba al mismo tiempo a la persona que mantenía una relación sentimental íntima con el alcalde de Barranquilla de la época”.
El convenio criminal, como catalogó la Sala de Instrucción de la Corte al complejo y sofisticado plan, tenía como objetivo principal fortalecer el “liderazgo y hegemonía política” del denominado clan Char en el Congreso y “tener un incremento de aliados en el Legislativo, como parte de la plataforma política que impulsaría la aspiración de su candidato a la presidencia de la república, Germán Vargas Lleras, y, en un futuro, la de Alejandro Char”.