La Procuraduría General emitió pliego de cargos en contra de tres funcionarios de la Secretaría de Educación del departamento de Sucre. Los investigados, identificados como Marta Lucia Campo Gaibao, Libia Esther Meza Cárdenas y Eloy Eligio Pérez Quiroz, enfrentan acusaciones de presunto acceso abusivo a un sistema informático.
El ente disciplinario está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si estos funcionarios ingresaron novedades en la nómina de los trabajadores de planta de la Secretaría de Educación departamental y de algunos docentes, con el propósito de certificar una mayor capacidad de endeudamiento de estas personas. Presuntamente, los investigados ingresaban las novedades usando el sistema informático de la administración.
La investigación también se centra en averiguar si los servidores públicos implicados eliminaron las deducciones de los desprendibles de pago de los profesores que solicitaban créditos de libranza, en diversas entidades bancarias del departamento. De igual forma, el órgano de control busca determinar si los tres funcionarios implicados habrían cobrado por realizar estas alteraciones en beneficio de terceros.
Dada la seriedad de las acusaciones y la presunta vulneración de principios fundamentales como la “moralidad, transparencia, igualdad, eficiencia e imparcialidad”, el organismo de control ha calificado provisionalmente la falta de los investigados como gravísima, a título de dolo.
Procuraduría pone la lupa al contrato para construir acueducto en Santa Marta
Por otro lado, la Procuraduría General ha centrado su atención en el contrato destinado a la construcción del sistema de acueducto conocido como ‘El Curval’ en Santa Marta, un proyecto que servirá para abastecer tanto a la zona urbana como a la rural de la ciudad. Las advertencias sobre posibles inconsistencias en la selección, celebración y ejecución de este contrato han generado inquietud en el ente de control.
El Ministerio Público ha manifestado su preocupación específica por los diseños, estudios, planes presupuestales y pliego de condiciones del proyecto, los cuales, según la Procuraduría, presentan “algunas falencias” que podrían generar dificultades en la ejecución del contrato en el futuro.
Entre las observaciones realizadas por la Procuraduría, se destaca la preocupación por posibles irregularidades en el proceso licitatorio si no se aclaran ciertos aspectos relacionados con la participación de proponentes.
Además, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha señalado que “no se evidencian criterios técnicos ni financieros en ciertos requisitos planteados, como la carta de cupo de crédito, el sustento del presupuesto oficial, el análisis de alternativas contractuales, riesgos previsibles, forma de pago y posible alteración del documento tipo aplicable. De igual manera, los documentos del proceso contractual tampoco especifican cuáles son las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para ejecutar los trabajos del sistema de acueducto”.
Estas observaciones son de gran importancia debido al alto valor del contrato, que asciende a una cifra impresionante de $ 1′642.317′567.721 destinados a la construcción del acueducto en Santa Marta.
Ante esta serie de preocupaciones, la Procuraduría ha emitido alertas con el objetivo de corregir las deficiencias identificadas en el contrato y ha requerido a la Alcaldía Distrital de Santa Marta para que brinde información detallada sobre estos puntos.