SEMANA conoció que la Sección Quinta del Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen las actuaciones impertinentes y dilatorias en las que habría incurrido el gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo, en el proceso que anuló su nombramiento.
La decisión, firmada por los cuatro magistrados de dicha Sección, establece “compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen la eventual comisión de conductas irregulares por parte de los señores Nicolás Iván Gallardo Vásquez y Richard Nicolás Martínez Olivera”.
El Consejo de Estado concluyó que las solicitudes de recusación y peticiones como aclaración, adición, nulidad, prejudicialidad, exclusión probatoria y suspensión del proceso, tal como las ha radicado Gallardo y su defensa, “se utilizan de forma reiterada con el propósito de dilatar el cumplimiento de una sentencia”.
El alto tribunal advirtió que este tipo de recursos han “impedido que el proceso siga su curso legal”, once meses después de que a Nicolás Gallardo le fuera anulado su nombramiento como gobernador de San Andrés. Actualmente, sigue en el cargo.
“Se concluye que las solicitudes y recusaciones presentadas por el demandado y el impugnador resultan dilatorias e injustificadas, en los términos del artículo 295 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en consecuencia, la Sala se abstendrá de resolverlas”, indica el documento conocido por esta revista.
Por ello, el alto tribunal terminó enviando copia de las diligencias, en especial de las solicitudes de Nicolás Gallardo y de sus apoderados desde el 6 de mayo de 2025, a la Fiscalía General, a la Procuraduría y a la Comisión de Disciplina Judicial, para que investiguen posibles conductas penales y disciplinarias.
La compulsa de copias también incluyó a un ciudadano identificado como Richard Nicolás Martínez Olivera, quien ha aparecido en varias oportunidades en este proceso contencioso administrativo contra el gobernador Nicolás Gallardo.
A Gallardo le declararon la nulidad de su nombramiento luego de que el Consejo de Estado evidenciara una doble militancia durante su aspiración al cargo. Mientras era candidato a la gobernación por el Partido Liberal, apoyaba al Nuevo Liberalismo.
Este caso llegó incluso a una inspección de la Comisión de Acusación del Congreso a la Sección Quinta del Consejo de Estado, tras una queja que alertaba sobre supuestas irregularidades en el trámite que lo dejó fuera del cargo. Esa investigación sigue en curso.