El Consejo de Estado condenó al Distrito, al IDU y a la Secretaría de Movilidad a pagarles a la periodista Darcy Quinn y sus hermanos más de 740 millones de pesos, como reparación al daño causado por la pérdida de sus padres en un accidente automovilístico ocurrido hace casi 20 años. La noche del 20 de octubre de 1996 la familia de la comunicadora sufrió un doloroso golpe moral y afectivo, al perder a sus padres en un accidente de tránsito que se registró en el norte de Bogotá, horas después de que la pareja asistiera a una reunión que se celebró en RTI Televisión. Allí fallecieron los esposos Thomas Quinn y Zulma Reyes, luego de que el vehículo en el que se trasportaban cayó varios metros, tras salirse del curso del puente de la calle 92, que comunica la Autopista Norte con la Carrera 30. Tras reponerse, en parte, de semejante tragedia, la familia Quinn Reyes interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que la falta de señalización e iluminación y el diseño inadecuado del puente habían sido los causantes del infortunio. La defensa de la Alcaldía, que en ese entonces estaba al frente de Enrique Peñalosa, se opuso a las pretensiones de los familiares de la periodista. A su juicio, el diseño del puente y las condiciones de señalización e iluminación presentes en la zona no fueron la causa del accidente, sino la supuesta imprudencia de las víctimas. Según los alegatos de la Alcaldía, el exceso de velocidad con el que abordó su paso por el accidentado puente fue la verdadera causa del desafortunado hecho. En julio del 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había resuelto el litigio en primera instancia. Al concluir que parte de la causa del accidente fue el hecho de que el conductor había ingerido bebidas embriagantes. Pero también que, por las condiciones de la vía, esta generaba alto riesgo para los conductores. Por eso esta corporación declaró al Distrito responsable del 50 % del daño causado a esta familia. El caso fue conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado que, con ponencia de Olga Mélida Valle de La Hoz, emitió un veredicto definitivo que declaró al IDU, a la Alcaldía y a la Secretaría de Movilidad responsables del 70 % de los perjuicios ocasionados por la muerte de la pareja de esposos. Para la corporación, los 134 accidentes que se produjeron entre 1995 y 1997 en ese mismo punto, las conclusiones técnicas respecto al diseño del puente y las recomendaciones de organismos de control para evitar el tránsito por esa zona demuestran que sí existía un alto riesgo para los conductores.Por eso, aunque esa corporación concluyó que el padre de la periodista se expuso a sí mismo y a su esposa al consumir alcohol antes de subirse al carro en el que pretendía volver a su vivienda, también es cierto que las actuaciones negligentes de la administración fueron la causa principal de su triste desenlace.