Jorge Horacio Romero, hoy general en retiro, gozó de prestigio y reconocimiento durante muchos años. Se codeaba con militares de más alto rango mientras estuvo, hasta diciembre de 2017, al frente de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, pero salió en medio de un gigantesco escándalo de corrupción y supuesta venta de permisos para portar armas.
El caso, tras varios años de haber salido a la luz, está ahora en manos de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que acaba de reabrir este capítulo, con nuevas pruebas y testimonios.
El alto tribunal desempolvó el expediente y adelanta una revisión con lupa del caso para emitir un fallo en los próximos días. No es para menos. Los líos y enredos judiciales que afronta el general en retiro son bochornosos.
Su ocaso se dio cuando salieron a la luz escandalosos actos de corrupción, una verdadera olla podrida: direccionamiento de contratos a cambio de sobornos, venta de permisos de armas que terminaron en manos de organizaciones criminales y más hechos que terminaron manchando lo que parecía ser una carrera impecable.
SEMANA tuvo acceso a los detalles de ese expediente que está en manos de la Sala de Primera Instancia. De hecho, se sabe que habría en los próximos días un desfile de más de doce testigos, que no han hablado ante la Fiscalía, y que dejan al general sin flanco para defenderse. Las pruebas en su contra son demoledoras porque confirmarán que, evidentemente, lo que funcionaba allí era una red de corrupción.
Bajo la lupa del alto tribunal hay más de 31 contratos por 4.500 millones de pesos, todos suscritos entre 2016 y 2017. Y, como si fuera poco, los sobornos que se repartían eran del 10%, como mínimo.
SEMANA pudo establecer que cada uno de esos contratos está siendo también revisado con lupa, como parte de la orden de práctica de pruebas que también ha pedido escuchar a varios empresarios, entre ellos: Samir Fernando García, propietario de una empresa llamada Distrilogística; además de Guerly Alexander Carrera, quien figura como representante legal del almacén El Infante, entre otros.
Y es que, tal como SEMANA reveló en su momento, el general reunió a varios empresarios paisas. Uno de los testigos que escuchará la Corte Suprema ya le dijo a la Fiscalía lo siguiente: “Me dice, lo de los permisos especiales, yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado’ “, contó el testigo.
Y agrega: “Cuando a mí me dijo eso, pensé: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”.
Está también la versión de una mujer que trabajaba como intermediaria de un narco. Y la orden era clara: entregar dinero a cambio de los permisos de armas: “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, cuenta su versión.
Pero no solo ella. Entre 2016 y 2018, terminaron salpicadas más de 60 personas beneficiadas por la permisividad ante la mirada impávida de otros militares de alto rango. Nadie hizo nada.
A Romero lo salpican varios testimonios, como el de un hombre que fue gerente de proyectos de contratación para el año 2016 y que tiene clara la información sobre la forma en la que se hurtaban el combustible destinado a los automotores del Ejército, así como las medidas que al respecto adoptó el general Romero en su momento.
Sobre el robo de combustible también tiene información Andrés Vargas, quien fue oficial de contrainteligencia de la Cuarta Brigada, en el año 2016. Entre sus responsabilidades estaba supervisar y revisar las actividades que realizó para identificar a quienes se apropiaban del combustible de la Cuarta Brigada y los batallones orgánicos que la conformaban.
Y justamente allí cobra relevancia el nombre Samir Fernando García, un empresario, propietario de Distrilogística, muy cercano a la Cuarta Brigada. García vio de primera mano los detalles inéditos de la relación comercial que tuvo para los años 2016 y 2017 con las unidades militares ubicadas en Medellín, el beneficio que de ello recibía, así como la forma en que se ejecutaban los contratos que le adjudicaron en el Batallón de Servicios No. 4 “Yariguíes”.
En poder de SEMANA también está un acta con la cual la Corte Suprema de Justicia hace oficial la reactivación de la etapa de juicio oral en contra del general en retiro.
El documento deja claro los motivos por los cuales se investiga a Romero, por hechos ocurridos cuando tenía la calidad de Brigadier General de la Reserva Activa del Ejército Nacional.
Señala el alto tribunal que la investigación es por varios delitos: “concierto para delinquir agravado, por tratarse de delitos contra la administración pública y ser cometido por un integrante de la Fuerza Pública en calidad de autor y como coautor de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio”, advierte el documento en poder de SEMANA.
Oficiales bajo la lupa
Otro documento en poder de SEMANA evidencia los nombres de los oficiales y suboficiales que integraban el Estado Mayor en la Cuarta Brigada y que venían trabajando con el General en retiro Jorge Horacio Romero, desde las Brigadas 7 y 15.
Ellos, entre la práctica de pruebas, deberán rendir explicaciones a la justicia. En el listado del alto tribunal aparecen: el Coronel Juan Carlos Guerra Durán, el Capitán Ornar Javier Torres García, el Sargento Mayor Jorge Luis Echavarría García y los Sargentos Wilson Manuel Villota Terán y Libar Javier Castellanos Rojas.
Precisamente, el testimonio de uno de esos oficiales será pieza clave, pues en la acusación le dice a la Fiscalía que, “también hubo un contrato de 384 millones”.
Y agrega: “Resulta que la partida de mantenimiento la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados. (...) Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”, dijo refiriéndose a Romero.
Entre los años 2016 y 2017, la Cuarta Brigada del Ejército estaba integrada por 13 unidades tácticas, entre estas el Batallón de Servicios No. 4 “Yariguíes” que tenía la calidad de centralizador, es decir, esa unidad era la encargada de tramitar toda la contratación de los 12 Batallones y los comandos de la Cuarta Brigada y la Séptima División, señala la Corte.
Según fuentes de la Corte Suprema, el general en retiro se encuentra en libertad por vencimiento de términos. Y no aparece entre los listados de testimonios porque la defensa no lo consideró necesario.
Precisamente, la documentación, las actas y mucho más se convierten sin duda alguna ahora en pruebas demoledoras contra el general en retiro Jorge Horacio Romero, cuyo expediente sale de las sombras nuevamente y será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra.