Por una capacitación de cara a las próximas elecciones, la jueza décima especializada de Bogotá reprogramó la audiencia en la que se iba a presentar el escrito de acusación en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Pese a que las audiencias en este caso, en el cual fueron vinculadas ocho personas, estaba programada para realizarse este jueves 14 de mayo, el viernes 15 de mayo y el martes 19 de mayo, la capacitación cuya asistencia es obligatoria para los jueces obligó a fijar una nueva fecha.
Por esta situación, la Fiscalía General presentará el escrito de acusación contra el exfuncionario hasta el próximo viernes, 17 de julio. Debido al cronograma del juzgado, la otra diligencia se realizará el 31 de julio.
Casualmente, este jueves se conoció que tres de los procesados están negociando desde hace algunas semanas un preacuerdo con la Fiscalía General, por lo que se estableció como fecha límite el 24 de julio para saber si se llegó o no a un acuerdo entre las partes.
La Fiscalía General confirmó que Édgar Eduardo Riveros Rey, Ana María Riveros Barbosa y Sonia Rocío Romero Hernández han realizado por medio de sus apoderados algunos acercamientos con el fin de finiquitar este beneficio judicial.
Manrique Soacha, prófugo de la justicia
El pasado 29 de julio, un juez de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en un centro carcelario, la orden judicial no pudo ser ejecutada, puesto que el exfuncionario no apareció. Debido a esto, se tramitó una orden de captura ante la Interpol.
Hasta el sol de hoy, no se tiene certeza sobre el paradero del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
La Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros; lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
En dicha oportunidad se señaló que siendo funcionario tuvo una injerencia en el desvío de recursos que estaban en poder de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Su gestión tuvo como objetivo lograr asegurar el dinero que iba a ser utilizado para la compra de congresistas y funcionarios.
Para esto, dio instrucciones precisas a funcionarios de Función Pública, la ANT y la UNGRD. Por sus labores, recibió una comisión de 3 mil millones de pesos.