En medio de la instalación de la audiencia en la que se iba a presentar el escrito de acusación en contra del exdirector del Departamento de Función Pública, César Manrique Soacha, por el escándalo de corrupción en la UNGRD, se conoció que tres procesados están en una negociación con la Fiscalía General.
Esto, con la finalidad de llegar a un preacuerdo que puede traducirse en una rebaja en la sentencia final, una terminación anticipada del proceso y evitar el desgaste de la administración de justicia.
Los abogados defensores de Édgar Eduardo Riveros Rey, Ana María Riveros Barbosa y Sonia Rocío Romero Hernández aseguraron que ya se han realizado algunos acercamientos con el fin de finiquitar este beneficio judicial.
Debido a esto, se presentó una ruptura procesal, puesto que los otros cinco acusados manifestaron su intención de demostrar su inocencia en la etapa de juicio.
La jueza fijó como fecha límite el 24 de julio para que se realice la respectiva presentación del preacuerdo.
Los señalamientos contra Manrique Soacha
En medio de la diligencia, la jueza décima especializada de Bogotá confirmó que en contra de César Manrique Soacha existe actualmente una orden de captura.
En el caso de Manrique Soacha, la acusación indica que para el año 2023 habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
A cambio de esta labor, solicitó que los contratos que surgieran de estos recursos fueran entregados a oferentes específicos.
“Entretanto, los demás implicados presuntamente participaron en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable, con sus respectivas interventorías, y una vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional”, detalló la Fiscalía.
Como lo reveló en exclusiva SEMANA, existen varias pruebas que indican que Manrique Soacha dio instrucciones precisas para mover los dineros de este contrato.
De esta forma, le dio instrucciones precisas a funcionarios del Departamento de la Función Pública, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Por su “gestión” recibió una comisión de tres mil millones de pesos. Dinero que recibió, en parte, en su oficina en el centro de Bogotá y en su apartamento, ubicado en el nororiente de la capital de la República.
Por estos hechos, fue llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Hasta la fecha, el paradero del exfuncionario es un total misterio.