La Emergencia Económica, Social y Ambiental en La Guajira recibió su estocada final, después de que la Corte Constitucional decidió tumbarle el último decreto relacionado con las medidas temporales para fortalecer la reactivación del turismo en el departamento.
Con esta decisión ya son 14 decretos, contando el ‘madre’ que declaró la emergencia en el departamento, los que le tumbó la Corte Constitucional al gobierno Petro, que pretendía, a través de esa norma, atender la crisis humanitaria en La Guajira.
El alto tribunal verificó “la absoluta ausencia de conexidad externa entre el decreto matriz de la Emergencia Económica, Social y Ecológica y el decreto examinado, en cuanto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua que, de haberse comprobado, habría dado lugar al diferimiento de sus efectos siempre y cuando cumpliera con todos los demás requisitos materiales y formales que condicionaban su validez”.
Por esa razón principal es que la Corte Constitucional le tumbó el último decreto que seguía vivo de esa emergencia para tomar medidas temporales para reactivar el turismo en ese departamento.
“La Sala Plena, primero recordó que, en ejercicio del control automático de constitucionalidad del Decreto 1085 de 2023, que estableció el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Corte resolvió declarar su inexequibilidad con efectos diferidos, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, explicó la Corte Constitucional.
Este nuevo golpe al gobierno Petro se suman a los decretos que ya tumbó el alto tribunal sobre esa emergencia con el que se buscaba implementar medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, así como focalizar recursos para el departamento provenientes de los recursos del sistema de regalías.
La Corte también tumbó el decreto ‘madre’ que declaraba la emergencia, la norma que pretendía recuperar las Salinas Marítimas de Manaure; y tiempo después se empezaron a caer las que modificaban los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, el que protegía la riqueza cultural Wayuú, el que pretendía adelantar la reforma a la salud del Gobierno y el que creaba una institución de educación superior para la comunidad indígena.
Uno de los decretos que golpeaba directamente el bolsillo de los colombianos, pero el cual también se cayó por falta de constitucionalidad, fue el que estableció un aporte de mil pesos a la factura de energía a los estratos 5, 4 y 6. Con esa decisión se estableció un plazo de 6 meses para que lo que ya se había recaudado, se devolviera por medio de dicha factura.
Hace tan solo un mes, el presidente Petro arremetió contra la Corte Constitucional por tumbarle los decretos de La Guajira, y las cuales, a su juicio, son decisiones que se han tomado para hacer oposición a su gobierno.
El jefe de Estado advirtió que “entonces expedimos los decretos de emergencia para llevarle agua a La Guajira y en la reforma tributaria se aprobó que no se podían deducir del impuesto de renta, unos gastos que son en realidad derechos de la nación, porque somos los dueños del subsuelo, por orden constitucional, las regalías. Se juntan las dos sentencias, una tumbando los decretos de emergencia y la otra quitando, permitiendo la desdeducibilidad de regalías en el impuesto de rentas”.
Para el jefe de Estado, el alto tribunal ha impedido que se tomen medidas rápidas y urgentes para que el agua pueda llegar hasta La Guajira en medio de la crisis humanitaria que se vive en la región. Sin embargo, casos de corrupción, como la compra de 40 carrotanques para abastecer del líquido al departamento, también vislumbra los serios problemas que ha tenido el gobierno para atender esa problemática.