Las autoridades desmantelaron este viernes una red de funcionarios de la Registraduría que, sacando provecho de sus cargos, traficaba con documentos falsos a cambio de grandes sumas de dinero.
La red funcionaba en Norte de Santander como una fábrica de cédulas que operaba principalmente en zonas fronterizas aprovechando la situación política y económica de Venezuela.
El seguimiento se inició por unas irregularidades detectadas por el registrador Alexander Vega, que posteriormente fueron conocidas por la Fiscalía y allí se inició un proceso para determinar cómo estaba operando esta red.
Las capturas se produjeron de forma simultánea en allanamientos adelantados en Ábrego y Sardinata en Norte de Santander.
El operativo de las autoridades judiciales, que culminó con las detenciones, se cumplió luego de año y medio de seguimientos, interceptaciones, confrontación documental y testimonios obtenidos por los investigadores.
En total fueron capturadas nueve personas, entre ellos cinco funcionarios de la Registraduría. “El propósito de este trabajo interinstitucional es combatir a las mafias que, al parecer, desde el interior de la entidad están nacionalizando irregular e ilegalmente a extranjeros para hacerlos pasar falsamente como colombianos. Como Registrador Nacional del Estado Civil, tengo el compromiso de luchar contra este flagelo”, dijo el registrador Alexander Vega.
Por esa razón, el registrador pidió a todos los funcionarios de la entidad, denunciar cuando conozcan algún caso de corrupción para evitar que en la Registraduría se sigan presentando este tipo de casos en los que se busca legalizar irregularmente a extranjeros.
Las personas capturadas deberán responder por los delitos de tráfico de migrantes, trata de personas y falsedad en documento público, luego que se pudo establecer en desarrollo de la investigación que “servidores públicos, exfuncionarios y particulares integraban una organización que se dedicaba a tramitar, sin los requisitos de ley, registros civiles de nacimiento con los cuales posteriormente eran obtenidas de manera irregular cédulas de ciudadanía y pasaportes, especialmente por parte de ciudadanos extranjeros”.
Después de las investigaciones, la Registraduría anuló todos los documentos que fueron expedidos por esta red y se está determinando si hay irregularidades en registros civiles que se entregaron en esta zona del país.
En noviembre del año pasado se registraron otras capturas por los mismos delitos y también se desmanteló otra red que vendía documentación falsa.
Así mismo, en diciembre del año pasado SEMANA reveló cómo operaba en el país el carrusel de los pasaportes, una estructura dedicada a vender registros civiles, cédulas y pasaportes a ciudadanos sirios, iraquíes, iraníes y chinos. En su momento se probó que algunos de los compradores tenían vínculos con organizaciones terroristas.
Por este caso la Fiscalía, la Registraduría, la Cancillería, la Policía y los Gobiernos de algunos países le han puesto lupa al tema y se siguen adelantando investigaciones. A la fecha, 41 funcionarios de la Registraduría fueron suspendidos por presuntos actos de corrupción.
La Policía, Fiscalía, Ejército y Registraduría continuarán analizando informaciones de otras regiones del país en donde supuestamente también estarían operando bandas como estas que trafican con documentos falsos.