El fiscal general, Francisco Barbosa, hizo un fuerte llamado de atención por la situación que se está presentando en gran parte del territorio nacional en materia de orden público. Esto debido a los decretos que emitió el presidente Gustavo Petro a finales del año 2022 que suspendieron las órdenes de captura y los operativos en contra de estructuras al margen de la ley.
Esto conllevó a que, entre otras cosas, las detenciones de personas investigadas por crímenes contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y reinsertados de las Farc quedarán en un limbo. “¿Cuál es la información que tenemos? Pues que está desmadrado el orden público en Colombia. Es que tenemos unos decretos del 30 y 31 de diciembre, que yo ya había advertido, que tiene con brazos caídos a la Policía y el Ejército en parte del territorio nacional”, aclaró Barbosa.
“Tenemos un problema de orden público que es absolutamente lamentable”, resaltó. Debido a lo que llamó una “mala comprensión” de parte del Ejército y la Policía “se nos han caído operaciones y resultados judiciales, nosotros funcionamos con la Dijín que es la Policía Judicial, que está enlazada con el CTI”.
En este sentido, y según los datos oficiales, “365 órdenes de captura contra homicidas de defensores de derechos humanos, reincorporados y familiares y de reinsertados” están sin ejecutar. Igualmente, existen 3.600 órdenes de captura sin materializar por homicidios en zona rural en el país.
La misma interpretación de esos decretos ha llevado a que los agentes de la fuerza pública no sepan cómo operar: “Tenemos un problema importante frente a la forma de operar que hay entre la Dijín de la Policía y la Fiscalía, eso no ha ocurrido en 30 años”, advirtió el fiscal general que no dejó de calificar esta situación como grave.
Prácticamente, y con lo que ha ocurrido en estos tres meses, se está enviando un mensaje equivocado a la comunidad. “¿Para qué sirve el Estado y Código Penal? Pues para contener a los criminales, y si lo que se hace es levantar el dique, ¿qué hacen los criminales? Pues pasarse y empezar a ganar espacio y coaptar”.
Carnetización en el Caquetá
En pleno año electoral, la situación de orden público en algunas regiones se ha salido de control y prácticamente los que mandan son los actores armados ilegales. La Fiscalía General, por el momento, está investigando y verificando una denuncia que se presenta en el departamento del Caquetá, y que demuestra el vacío que existe.
“Tenemos información que están carnetizando en el Caquetá a ciudadanos por parte de organizaciones criminales para que entren a ciertos municipios”, señaló el jefe del ente investigador al indicar que las disidencias de las Farc estarían detrás de esto. “Estamos verificando a que se refieren estos temas, esto afectaría las elecciones del mes de octubre”.
Esta grave situación fue puesta de presente en la Cumbre de Gobernadores que se celebró este viernes, en Bogotá.
Contratación a dedo
El fiscal general reiteró sus cuestionamientos al Plan Nacional de Desarrollo, advirtiendo que abre la puerta para que se saqueen los recursos públicos mediante la contratación directa. Por esto, le hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que verifique la situación.
“Se habilita la contratación a dedo sin problema, esto sería un escándalo en cualquier gobierno. El presidente Petro, creo, no está de acuerdo con esto, él llegó en contra de la corrupción, yo no me imagino que esté de acuerdo con crear fondos para permitir que, básicamente, los hampones metan la mano sucia y se queden con el presupuesto nacional”, manifestó.