EL PAPAYAZO

¡Que papayazo! Los gringos no lo podían creer. Después de que el embajador Myles Frechette había dicho que se negaba a creer que el gobierno pudiera dar el papayazo de nombrar un ministro de Defensa cuestionable, eso fue precisamente lo que sucedió. Apareció un cheque de tres millones de pesos, con la firma de Justo Pastor Perafán, girado a favor de Guillermo Alberto González en diciembre de 1989. Una semana después de que la decisión de descertificar a Colombia parecía controversial, el caso del Ministro de Defensa hizo sentir a las autoridades norteamericanas que tenían toda la razón. Dentro de la óptica de Estados Unidos, mientras el presidente Ernesto Zedillo de México salía por iniciativa propia a destituir y encarcelar a su zar antidrogas, el Presidente de Colombia salía a respaldar públicamente a su Ministro y a elogiar la forma frentera como había manejado el problema. La verdad es que las dos situaciones eran totalmente diferentes. El general mexicano Jesús Gutiérrez Rebollo estaba recibiendo dineros del principal capo de ese país mientras ejercía el cargo de zar antidrogas, Guillermo Alberto González había recibido una contribución económica para una campaña política siete años antes de haber sido ministro. En esa época Perafán no era el modelo 97 de hoy sino el modelo 89. En Popayán se había convertido en el nuevo rico del momento y tenía más fama de arribista que de narco. Con su dinero abrió puertas entre la clase dirigente, los políticos y algunos empresarios de bien. Varios personajes de la vida nacional lo trataron como un exitoso cafetero. Muchos congresistas fueron sus amigos, y a ellos les colaboró económicamente, al punto tal que fue condecorado con la medalla al mérito industrial por el Senado de la República, varios años después de que ingresara un cheque a la campaña de González. En círculos políticos no es difícil entender lo que le pasó al Ministro de Defensa. Pero el mundo político no es todo el país, y para algunos sectores de la opinión pública lo que sucedió es muy grave.¿Que sucedió?Frente a la controversia que suscitaron las preguntas sobre una posible conexión González-Perafán, el Ministro salió adelante por la forma como frenteó el problema. En lugar de negarlo, desde un inicio admitió lo que llamó "una relación social" con Perafán. Cuando lo interrogaron sobre cuántas veces lo había visto, contestó "en múltiples ocasiones". Admitió haberle colaborado en algunas gestiones ante institutos educativos en Suiza "como hace cualquier embajador colombiano con cualquier compatriota". Y ante la pregunta de si se había reunido con el hoy sindicado narcotraficante en Brasil cuando González era embajador en dicho país, respondió: "Sí, varias veces, nunca en la embajada, y siempre pensando que era un empresario cafetero". Esta actitud convenció a todo el mundo de que se trataba de un episodio de mala presentación pero sin gravedad. Para que tuviera gravedad se requería lo que el Ministro siempre negó: una vinculación comercial. Un cheque de tres millones de pesos cambiaba todas estas definiciones. El lunes el Ministro fue avisado que el cheque estaba en poder de la Fiscalía General de la Nación y hacía parte de la investigación contra Perafán. A las 7:30 de la noche llegó a la Casa de Nariño y le informó al Presidente de los acontecimientos. De ahí salió a reunirse con el Fiscal General de la Nación, a quien recibió en su residencia después de decirle que tenía un asunto urgente para tratar con él. Horas más tarde regresó a Palacio, y ya la reunión no fue sólo con el primer mandatario. Estuvieron también algunos ministros del despacho y los más cercanos colaboradores de Samper. En esta reunión ya no sólo se discutió de la gravedad del hecho sino la eventualidad de su renuncia.Al comienzo la gravedad del asunto no era tan clara. La cuenta de la cual se había girado el cheque, según las explicaciones del Ministro, no era del narcotraficante sino de un desconocido de nombre Luis Fernando Escobar Callejas, nacido en Medellín. La posición del Ministro frente a los hechos era que la cuenta no era de Perafán. Que se trataba de una donación para su campaña al Senado en 1989 de la cual él no se acordaba. Puntualizó que él no recogía los dineros para su campaña política, sino que delegaba eso en su tesorero y su gerente. Sobre el titular de la cuenta, manifestó no saber de quién se trataba. Aclaró que si de casualidad la firma era de Perafán, para la época no tenía conocimiento alguno de sus actividades al margen de la ley. Ante estas explicaciones el presidente Samper decidió no entregar la cabeza de su Ministro. Tuvieron lugar múltiples reuniones durante la semana y varias averiguaciones. Pero los problemas no terminaron ahí. A pesar de que la cuenta no era de Perafán, la tarjeta de registro tenía dos firmas autorizadas y una de ellas sí era de él. Además el cheque había sido endosado de puño y letra del Ministro y consignado en una cuenta personal suya del Banco del Estado en la sucursal Chicó de Bogotá. Las personas que según el Ministro habían sido responsables de recaudar ese dinero, Carlos Amézquita Guzmán y Elsa Campo López, manifestaron no recordar el cheque en cuestión.La realidadTodos estos elementos contradictorios confundieron tanto al gobierno como a la opinión pública. La realidad de la situación era la siguiente: desde los años 80 Perafán contribuía a diferentes campañas políticas, no sólo en su departamento sino a nivel nacional. En 1989 las campañas se manejaban con gran informalidad pues no había control legal sobre las mismas. Una campaña para el Senado en provincia consistía en el candidato y uno de dos amigos que hacían de toderos. La mayoría de los candidatos manejaban el ingreso de sus campañas a través de cuentas propias pues no había fundaciones ni cosas de esa naturaleza. El concepto de dineros calientes en esa época se aplicaba principalmente a Pablo Escobar, quien estaba poniendo bombas y llevando a cabo magnicidios. Los Rodríguez Orejuela eran considerados los narcotraficantes 'buenos', y como aún no había una persecución abierta contra ellos, los políticos pensaban que no corrían tanto riesgo en recibirles aportes. Dentro de este panorama, Perafán no constituía riesgo alguno. Teniendo en cuenta la relación social reconocida por el Ministro con Perafán era más fácil entender que el aporte se hubiera hecho, a que él no supiera de quién era. Esto es lo que hacía que las explicaciones no fueran totalmente satisfactorias para la opinión pública. Por esto mismo tanto para el Presidente como para su Ministro, la situación no podía ser más incómoda. El primer mandatario se enfrentaba al problema de que él estaba acusado de exactamente lo mismo que su Ministro. Si la prueba de que entraron dineros del narcotráfico en una campaña volvía inadmisible la permanencia de un funcionario en el cargo, los dos tendrían que renunciar. No hay ninguna lógica para que se aplique un criterio diferente para un ministro que para un presidente. Esto dejaba al Presidente en una situación sin salida. Si dejaba caer a González, aumentaría inevitablemente la presión sobre él. Una decisión de esta naturaleza, una semana después de la descertificación y en la misma semana en que se cayó la emergencia económica, no podía llegar en peor momento. Por otro lado, si se la jugaba por su Ministro, lo cual acabó haciendo en un tono no muy convincente, se exponía no sólo a darle otro papayazo a los gringos, sino a que escalara aún más el narcoescándalo. En Colombia, lo que le había sucedido a Guillermo Alberto González podía entenderse en su contexto y en su momento. Pero en la comunidad internacional, lo único que se registraba era que el Ministro de Defensa de Colombia había recibido dineros de un narcotraficante. En las cancillerías de París, Bonn, Londres y Madrid nadie estaba dispuesto a dedicarle tiempo a explicaciones sobre cómo funcionaba la política en Colombia en 1989. No menos serias eran las implicaciones para el propio Ministro. Un episodio que podía ser normal en la política colombiana en 1989 se le convirtió en una maldición personal en 1997. En este momento se expone a que en las próximas horas le abran una investigación en la Fiscalía que, de encontrar mérito, sería trasladada a los fiscales delegados ante la Corte si permanece en el cargo, o a los fiscales sin rostro si se retira de él. Es muy poco probable sin embargo que esta investigación tenga consecuencias penales. Para que se configure el delito de enriquecimiento ilícito se requiere, además del dinero ilegal, que se conozca cuál es su origen. A pesar de que desde 1982 Perafán tenía un encausamiento por narcotráfico de la justicia norteamericana, en 1989 no había un conocimiento público en Colombia de que fuera un narcotraficante. Docenas de personajes tuvieron relaciones sociales con él cuando era el propietario del Hotel Chinauta. Juzgar una situación de 1989 con base en la información disponible hoy es aplicar un criterio retroactivo. Lo que está claro a estas alturas es que, aun si el Presidente decide respaldarlo y Gonzalez decide quedarse, su permanencia como Ministro de Defensa se ha complicado. Desde el momento en que reconoció públicamente su relación social con Perafán, la cúpula militar nunca lo respaldó en público y siempre manifestó sus reservas en privado. Una vez conocido el cheque, la situación se agravó. El impacto en televisión que tuvo la reacción de silencio del comandante general de las Fuerzas Militares, Harold Bedoya, al ser interrogado por los periodistas sobre la confianza en su Ministro, puso en evidencia la situación. En las Fuerzas Armadas a los oficiales se les analiza su conducta con especial rigor y una de las causales por las cuales son llamados a calificar servicios es la simple sospecha de que tengan relación con un narcotraficante. Estos hechos, combinados con la situación del Ministro, generaron un tenso ambiente interno.No dejan de llamar la atención los factores de mala suerte y tragedia personal que han rodeado a estos acontecimientos. Era difícil que algo más grave le sucediera a Ernesto Samper una semana después de la descertificación. Por un hecho aislado de 1989 que no tiene nada que ver con el escándalo de la financiación de la campaña presidencial, la penetración de dineros del narcotráfico en las altas esferas de la política colombiana volvió a quedar en la mira de la opinión pública mundial. Más allá de la mala suerte, llama la atención la pesadilla que le ha tocado padecer al Ministro. Guillermo Alberto González ha sido siempre un hombre cuya integridad no ha sido cuestionada por nadie que lo conozca personalmente. Su hoja de vida es una de las más distinguidas que pueda tener cualquier funcionario público. Ha sido Ministro de Trabajo, embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra, en el Brasil y en Venezuela. Hoy es considerado uno de los más asiduos defensores de los Derechos Humanos que ha tenido el país, lo cual le ha generado algunos roces con los militares. Su mala hora le llegó, no cuando entró el cheque de Perafán, sino cuando aceptó el Ministerio de Defensa. Porque cualquier político podría haber aceptado una contribución de esta naturaleza en 1989. También hubiera podido cualquier persona que solo conociera a Perafán ser ministro de Salud o de Medio Ambiente. Por presentación, tal vez al único al que no le podía pasar lo que pasó era a Guillermo Alberto González. Al fin y al cabo Perafán es el último peso pesado del narcotráfico que falta por capturar. Y precisamente esa es la responsabilidad del Ministro de Defensa.