El abogado Francisco Bernate, quien representa a la Rama Judicial en el proceso penal que se adelanta contra el empresario Carlos Mattos, pidió suspender la audiencia en la que se iba a definir el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el empresario, en el que aceptó su participación en el delito de concusión (entrega de sobornos) a la jueza 16 civil del circuito de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández Pérez, por haber dejado en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron y le permitieron seguir vendiendo los vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
El jurista manifestó que tiene que poner de presente ante el Comité de Conciliación de la Dirección Administrativa los alcances de la negociación firmada el pasado lunes entre Mattos y la Fiscalía General, entre los cuales, se fija el pago de una indemnización de un millón de dólares para la Rama Judicial como víctima reconocida.
Pese a que no se opuso a la sanción penal y los otros aspectos, Bernate indicó que es el Comité el que debe establecer si “está bien o está mal” la indemnización por un millón de dólares, esto debido a que la Rama Judicial es una entidad pública. Debido a esto, debe tener el aval del Comité ante la reparación económica negociada entre las dos partes para así poder intervenir en la audiencia.
Todas estas acciones se deben hacer “previo a la aprobación del acuerdo se verifique el cumplimiento a lo que Mattos se ha comprometido puntualmente en la reparación a las víctimas y la petición de excusas públicas”. Por esto, indicó Bernate, no firmó el preacuerdo presentado este miércoles.
El juzgado 11 de conocimiento reprogramó la audiencia para el próximo 24 de marzo a las 8 de la mañana. En ese momento se conocerá la posición formal de la Rama Judicial y ahí si entrar a definir el aval del preacuerdo.
Mattos se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
¿Qué dice el preacuerdo?
En el preacuerdo firmado el pasado lunes 17 de enero, Mattos se comprometió a aceptar su responsabilidad en el delito de concusión por dar u ofrecer (entrega de sobornos). Esto tras enviarle por medio de un emisario 100 millones de pesos en efectivo a la jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez que ratificó, en fallo de segunda instancia, las medidas cautelares que lo beneficiaron.
En la negociación se fijó una pena definitiva de prisión de 32 meses (dos años y seis meses). Así como el pago de una multa de 44 salarios mínimos legales vigentes para el año 2016, cuando se presentaron los hechos. Esto representa, a cambio de hoy, una cifra cercana a los 30 millones 639 mil pesos.
Mattos quedaría inhabilitado por 53 meses para ejercer cargos públicos. El empresario se comprometió a publicar un comunicado con sus excusas públicas por su conducta, “la cual se tradujo en la lesión al bien jurídico tutelado de la Administración Pública, a la para que se compromete a no volver a cohechar a servidores y funcionarios públicos”. El documento será publicado en un medio de comunicación de amplia circulación nacional.
Para reparar los daños y perjuicios generados por su actuación corrupta entregará un millón de dólares a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Rama Judicial).
Las dos partes firmaron otro compromiso, como el compromiso para no acogerse a un acuerdo bilateral de extradición con el Gobierno de España, ya que su interés es responder antes las autoridades colombianas.