Cuando estalló el escándalo por las interceptaciones ilegales a Marelby Meza, con informes manipulados por agentes de la Sijín de Bogotá y la Dijín, los involucrados corrieron a esconderse, algunos a defenderse, la mayoría, experimentados investigadores que incurrieron en un error de principiantes.

La Fiscalía logró demostrar de qué forma cinco policías se dedicaron a modificar informes judiciales para llevar a un engaño a fiscales que confiaban en su trabajo como investigadores. Los agentes de la Dijín y Sijín convirtieron a una niñera y una empleada de servicio en cabecillas del Clan del Golfo, todo para poder escuchar sus comunicaciones.

Los policías fueron capturados, pero hay más oficiales de la Policía que aparecieron en el radar de las autoridades. Un mayor, que la Fiscalía identificó como John Jairo López Tolosa, estaba vinculado a los grupos de policía judicial, fue citado a una diligencia de declaración, pero guardó silencio.

El oficial llegó a la citación con la Fiscalía y no dudó un segundo en decirle a los investigadores que no iba a declarar. “Primero que todo quiero dejar la salvedad que no es mi deseo declarar en este momento porque hay varios factores a tener en cuenta”, dijo el mayor una vez le hicieron la primera pregunta.

La Fiscalía aseguró que era necesaria la declaración del mayor en el propósito de conocer la verdad de los hechos, de lo que era de su conocimiento en las interceptaciones que solicitó la Policía y que dejaron como víctimas a las exempleadas de Laura Sarabia, hoy directora de Prosperidad Social.

“La Falta de garantías, segundo por las especulaciones que han hecho varios medios de comunicación, en especial Noticias Uno, El Tiempo y la revista SEMANA, especulaciones diciendo, donde sale a relucir mi nombre y el de otros funcionarios”, insistió el oficial tras advertir que lo dicho en los medios son especulaciones y no informaciones.

Justamente, Laura Sarabia llegó a la Fiscalía, en medio de la tormenta judicial que tiene a cinco policías capturados y a través de su abogado, y aseguró que ni dio la orden, ni pudo desarrollar las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea, las entonces empleadas de la exjefe de gabinete del Gobierno.

“Que no ordenó, ni podría hacerlo, ninguna práctica de polígrafo. Por ser funciones ajenas al cargo que ocupaba”, dijo el abogado Jorge Mario Gómez al salir de la Fiscalía y de presentarse para el interrogatorio.

El mayor López Tolosa aseguró que toda la situación, que derivó en el escando de poligrafía y chuzadas, revelado por SEMANA, se convirtió en un problema para su familia, un escenario de señalamiento que quiere evitar, una razón más para negarse a declarar en la Fiscalía.

“Tercero, en este momento la situación física, psicológica y mental de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres y mis hermanos se encuentra afectada a raíz de eso. Cuarto, porque en este momento me encuentro en vacaciones por disposición del mando institucional, me sacaron vacaciones sin tener el debido proceso”, dijo el mayor Tolosa