Javier Ernesto Ochoa Quiñónez tiene 34 años y en 2001 ingresó a las autodefensas ilegales en su natal Jagua de Ibirico (Cesar). En los últimos días, las autoridades colombianas han estado atentas a las declaraciones de este hombre, que está condenado a 31 años de prisión. El motivo: sostiene que detrás del asesinato de tres líderes sindicales de la Drummond está un pulso por un contrato para proveer la alimentación y no una orden criminal de altos ejecutivos de la mencionada multinacional. El 11 marzo de 2001, hombres armados bajaron de un autobús de obreros a Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato de la Drummond, respectivamente. Los cadáveres de los dos trabajadores aparecieron pocas horas después con claras muestras de tortura. Los hechos trágicos sucedieron en zona rural del municipio cesarense de El Paso. Seis meses después, otro dirigente sindical de la Drummond, Gustavo Soler Mora, fue asesinado a balazos en Chiriguaná. Desde entonces, los cuestionamientos contra altos funcionarios de la Drummond no han cesado ni en Colombia ni en Estados Unidos. La temperatura del incidente, sin embargo, creció cuando el convicto Rafael García Torres, ex funcionario del DAS ­–hoy en prisión–, aseguró que los asesinatos de Locarno y Orcasita fueron ejecutados por los paramilitares de ‘Jorge 40’ y pagados por el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez. Mientras en el país los organismos de derechos humanos arremeten contra la Drummond por el caso de los sindicalistas, en la ciudad estadounidense de Birmingham la multinacional está enfrentada a un juicio civil por la misma causa, y en los próximos días se conocerá el veredicto de un jurado de conciencia de ese país. Tanto aquí como allá, la empresa carbonífera ha negado tener cualquier vínculo con los paramilitares y menos haber pagado para asesinar a sus sindicalistas. El pasado jueves, SEMANA estuvo en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Modelo de Bogotá. Allí está recluido desde hace varios meses Javier Ernesto Ochoa Quiñónez. “Yo quiero contar lo que sé de la muerte de los sindicalistas de la Drummond”, advirtió. Ochoa contó que cuando estuvo en las autodefensas conoció a un hombre de apellido Charry que trabajaba en una cadena prestadora de servicios de alimentos y a quien llamaban siempre el ‘Señor Miguel’. Charry, a su vez, era paramilitar y empleado del sujeto Jaime Blanco. Para principios de 2001 –agregó–, era vox populi en la Drummond que el servicio de alimentación que prestaban Blanco y sus empleados era calificado como pésimo por los trabajadores de la multinacional carbonera. Entonces empezó a correr el rumor de que el sindicato iba a exigir que cambiaran la empresa que les servía los alimentos: Compañía Industrial de Servicios y Alimentos (ISA), que había firmado contrato con la Drummond en julio de 1996. “Sé que Jaime Blanco es compadre de alias ‘Tolemaida’ (el conocido jefe paramilitar de la Jagua de Ibirico y hombre con confianza de ‘Jorge 40’). Charry y Jaime Blanco fueron hasta donde ‘Tolemaida’ para pedirle que matara a los sindicalistas. Que si no lo hacía, él iba a perder el contrato de alimentación para los empleados de la Drummond”, le relató a SEMANA Ochoa Quiñónez, cuyo testimonio, hasta ahora, ha merecido total credibilidad por parte de los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que tienen en sus manos la investigación por los homicidios de los sindicalistas de la empresa carbonífera. “Para poder ejecutar los hechos, los paramilitares necesitaban a alguien que les mostrara a los sindicalistas. Eso le correspondió al señor Charry, quien fue la persona que me contó todo lo que les estoy contando a las autoridades. Charry se dio cuenta a qué horas se subieron los sindicalistas y en qué parte, y fue hasta una residencia donde se encontraban los asesinos materiales. Salió con ellos en busca del bus, pero tuvieron un poco de dificultad porque a Charry le daba miedo que los otros trabajadores lo reconocieran en el momento en que se bajara de la camioneta. Finalmente los bajaron y los mataron”, evocó el hoy testigo estrella de la justicia colombiana en el caso Drummond. Para terminar, Ochoa aseveró que, hace poco, en un periódico de Estados Unidos apareció publicado un artículo que daba cuenta de que cuatro testigos sostenían que la Drummond les pagaban plata a los paramilitares (‘vacuna’), y que los sindicalistas habían sido ejecutados, en realidad, por los directivos de la mencionada multinacional. Entre los testigos de aquel artículo figuraba Javier Ernesto Ochoa Quiñónez. “Eso es un montaje. Lo que pasa es que aquí en la cárcel hay un señor (el holandés Hendrik Van Vilderbek) de la empresa Llanos Oil que está interesado en conseguir testigos que estén de acuerdo con lo que dijo Rafael García. El holandés me ofreció 100 millones de pesos por mi declaración. A mí no me interesa el dinero. Yo lo que quiero es someterme a la Ley de Justicia y Paz para confesar mis delitos”, aseguró. ‘Tolemaida’ huye de la justicia. Jaime Blanco vive en Bogotá y de Charry no se tienen noticias. Eso afirma Javier Ernesto Ochoa Quiñónez.