BanpacíficoEn junio el congresista Hernando Carvalho realizó un debate que pretendió demostrar que la filial colombiana del Banco del Pacífico del Ecuador habría recibido un tratamiento favorable por parte del gobierno de Andrés Pastrana. Al momento de su quiebra, en mayo de 1999, el banco se quedó con 50.000 millones de pesos en depósitos, incluyendo impuestos y dinero de ahorradores, de los cuales, dos años después de haber sido intervenido, se han recuperado 12.721 millones de pesos. Según Carvalho el supuesto favorecimiento ocurrió por los vínculos de varias personas cercanas al gobierno con el banco a través de la sociedad WestSphere Capital Andina. Esta fue creada en Bogotá y tenía, entre otras funciones, la de representar a un fondo de inversión de Nueva York que era socio del Banco del Pacífico de Ecuador. Entre los socios de WestSphere se encontraban el embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno; el ex ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez y el empresario Moisés Jacob Bibliowicz, financista de la campaña de Pastrana. Carvalho nunca logró demostrar efectivamente que los funcionarios cercanos a Pastrana hubieran influido en el tratamiento del caso del Banco del Pacífico o que existiera algún tipo de favorecimiento.Rincón–EsapEn mayo el representante Mario Rincón Pérez fue acusado por sus vínculos poco escrupulosos con la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). La Fiscalía y la Procuraduría descubrieron que Rincón nombró al menos a 100 de sus seguidores políticos en la Esap y les otorgó contratos a otros 100. Por estos hechos la Procuraduría pidió al Consejo de Estado el máximo castigo político para el congresista porque había violado el Estatuto de Inhabilidades e Incompatibilidades había cohonestado manejos irregulares.TermoRíoEn enero de este año la prensa reveló que el 22 de diciembre de 2000 un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio había condenado a la Nación (representada por la Electrificadora del Atlántico) a pagar 61 millones de dólares a favor de la empresa TermoRío. El abogado que representaba los intereses del Estado, Marino Zuluaga Botero, hizo poco para ganar el proceso. Pese a esto Zuluaga recibió por adelantado 700 millones de pesos de un contrato por un total de 2.596 millones. Se denunciaron conversaciones y otras movidas sospechosas para ‘tumbar’ al Estado. Por este caso la Fiscalía llamó a juicio a cinco personas, entre ellas a José Enrique Ramírez Yáñez, ex superintendente de Servicios Públicos, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado e interés ilícito en la celebración de contratos.Federación de FútbolVarios miembros de la Federación Colombiana de Fútbol se vieron envueltos en negociaciones que pasaron la barrera de lo ético. El presidente de la Federación, Alvaro Fina, y el revisor fiscal de esa entidad, Iván Ceballos, entre otros miembros, realizaron una serie de contratos con la firma Copa LLC para comercializar varios eventos, entre ellos la Copa América. Los contratos fueron denunciados como irregulares y hubo críticas a la falta de claridad en esos negocios. Aunque los directivos se defendieron quedó un manto de dudas que devolvió a este deporte a sus épocas más oscuras.DragacolEn junio la Procuraduría General de la Nación sancionó a los jueces Héctor Julio Reyes Ballén y José Antonio Pinzón Pinzón, quienes, como titulares del Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá, llevaban el proceso Dragacol. Durante 180 días los jueces no hicieron lo que la ley les ordenaba respecto de la instalación de la audiencia pública, con lo que permitieron que se vencieran los términos del caso. Esto permitió que quedaran en libertad Hugo Escobar Sierra, suegro de Reginaldo Bray, principal implicado del escándalo, y otros siete de los responsables de la conciliación por la cual el Ministerio de Transporte le pagó a Dragacol 22.000 millones de pesos.