Rápidamente concluyó la novela en que se convirtió la fuga de la base de Tolemaida del mayor César Alonso Maldonado Vidales, quien tiene una pena de 27 años por homicidio, en hechos relacionados con un atentado en contra del dirigente político Wilson Borja.  Y es que este martes, todas las autoridades se sorprendieron cuando Maldonado extrañamente desapareció tras la decisión de hacer un traslado de internos recluidos en la base de militar con destino a La Picota. Incluso, el mismo Ejército confirmó la fuga.  Sin embargo, cuando el escándalo crecía -ya le había costado la cabeza a dos oficiales y a un suboficial- el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, informó que el mayor Maldonado fue recapturado cerca a la base de Tolemaida.  “Por fortuna hemos recuperado el honor de la fuerza”, dijo el alto oficial en rueda de prensa en el Comando General de las Fuerzas Militares.  Los mayores César Augusto Ramos Botía y Luis Carlos Burbano López, así como el sargento Luis Carlos Ramírez, son los tres uniformados destituidos, hasta ahora, por este hecho.  El mismo general Navas anunció que se tomarán medidas drásticas en ese centro carcelario castrense y advirtió que continuarán las investigaciones.  En cuanto al mayor, el comandante del Ejército aseguró que será entregado a funcionarios del Inpec para que sea trasladado a un centro carcelario, probablemente en Bogotá.  Sobre las críticas que ha despertado este hecho en torno a la seguridad de las cárceles en bases militares, el general Navas insistió que el de Tolemaida es un centro de reclusión que tiene las medidas de seguridad para albergar detenidos y defendió el fuero especial con el que cuentan los integrantes de las Fuerzas Militares, aunque no descartó una mirada al tema del fuero con otras autoridades.  “Ellos en un momento dado combatieron a los delincuentes. Ese es un fuero que estamos registrando con el Inpec”, dijo.  El comandante del Ejército fue enfático al decir que la insititución está tomando las medidas pertinentes para que estos hechos no se vuelvan a presentar.  La desaparición del mayor Maldonado se conoció luego de la determinación del Ministerio del Interior de cambiar de sitio de reclusión a varios internos, tras hacerse pública una serie de irregularidades presentadas en la base militar de Tolemaida, donde estaba recluido Juan Carlos Rodríguez Agudelo, ‘alias Zeus’, quien estaría “haciendo y deshaciendo en las instalaciones de la base”, según una investigación del diario El Espectador.  El director del Inpec, brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, ordenó el traslado al pabellón de alta seguridad de La Picota de Rodríguez y de otros cuatro uniformados, entre ellos Maldonado.  Según un comunicado del Ministerio del Interior, el propósito era reubicar a los reclusos condenados con sentencias superiores a 25 años que se encontraban en establecimientos o pabellones que no correspondían a su perfil de seguridad.  Pero, como lo supo el país, el mayor Maldonado no estaba en su celda del centro penitenciario de la base militar de Tolemaida. El caso de Wilson Borja Un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso del atentado contra Wilson Borja, en el que se le condenó a 27 años y nueve meses de prisión a Maldonado. La acción criminal ocurrió el 15 de diciembre de 2000 y fue ordenada por Carlos Castaño.  El hecho se produjo a las 6:15 de la mañana cuando Borja, entonces sindicalista, salía de su casa hacia la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Oficiales, de la cual era presidente. Iba acompañado de sus dos escoltas. De repente, fueron atacados por una banda de ocho personas que viajaban en carros y motos. Los sicarios soltaron una ráfaga contra su víctima. Los escoltas reaccionaron. Uno de los sicarios disparó contra María del Pilar Bolaños (una vendedora de tintos) por temor a que lo identificara. En el cruce de disparos también murió uno de los agresores. Borja y uno de sus escoltas quedaron heridos. El carro recibió 57 tiros. En el suelo quedó el celular de uno de los sicarios y fue vital para lo que la justicia encontraría más tarde. En la memoria del aparato estaban registradas llamadas del mayor del Ejército César Alonso Maldonado minutos antes del tiroteo. Luego se estableció que él había sido uno de los autores del atentado obedeciendo órdenes del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Maldonado fue detenido. Mientras estaba en cautiverio, Luis Augusto Sepúlveda, el fiscal que investigaba el caso, realizaba sus averiguaciones. “A través de una investigación exhaustiva, Sepúlveda recopiló pruebas comprometedoras, entre ellas los registros de llamadas de celular, que implicaban en el crimen a un mayor del Ejército y a sicarios profesionales a sueldo de los paramilitares”, concluyó un informe de la organización Human Rights Watch. De repente, Sepúlveda fue destituido de su cargo por su jefe Luis Camilo Osorio. El nuevo fiscal encargado del caso ordenó dejar libre a Maldonado argumentando que había vencido el plazo para tenerlo detenido. Sin embargo, la presión internacional cayó sobre lo ocurrido. Esta hizo que el mayor fuera privado de su libertad otra vez y lo llevaron a un calabozo en el Batallón Militar No.13, en Bogotá. El sitio de su detención era atípico, pues, normalmente, el lugar de cautiverio de los militares es en la base de Tolemaida. En un hecho inexplicable, Maldonado desapareció de su celda en noviembre de 2004, a pesar de que había unos 30 hombres encargados de su custodia. Nadie sabe cómo logró pasar por la guardia sin dejar ningún rastro. De inmediato, el presidente Álvaro Uribe dijo que “he dado instrucciones al señor General Carlos Alberto Ospina, Comandante de las Fuerzas y hoy Ministro encargado de Defensa, que sean removidos todos aquellos integrantes de la Fuerza Pública que tenían alguna responsabilidad con el cuidado de esta persona que estaba presa, sin perjuicio a que se adelanten las investigaciones del caso”. En efecto, el día después de la fuga, el general Ospina ordenó la destitución de cuatro oficiales. Pero, de manera sorprendente, los dos militares que más alto grado que habían destituido, aparecieron en nuevos cargos. El coronel Jesús Vivas era el jefe de Estado mayor de la Brigada 13. Después de haber sido supuestamente retirado del Ejército, fue nombrado segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido. El coronel Mario Valencia era el comandante del Batallón de Policía Militar No.13. Él, que tenía toda la responsabilidad de la fuga, fue a dar a la Brigada 6, en Ibagué. Mientras ocurría todo eso dentro del Ejército, la familia del mayor Maldonado hablaba de una desaparición de su pariente. En enérgicas declaraciones, manifestaron que la justicia del país está “contagiada de izquierda”. Señalaron al dirigente sindical y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (que llevaba el caso de Borja) de “ser guerrilleros” y los responsables de la supuesta desaparición de Maldonado, según informes de ONG. Entonces, el Colectivo de Abogados denunció que en algunas universidades y en la Fiscalía habían aparecido unos afiches anónimos y a color. En ellos “se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el ‘brazo jurídico del ELN’ y se solicita solidaridad con un héroe nacional, haciendo referencia al mayor César Maldonado”, dijo en su momento esa ONG. También aseguraron que en el afiche se hacía un llamado para que la gente se solidarizara con el militar y le hiciera un reconocimiento como héroe nacional “ante la guerra sucia que han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y su Colectivo de Abogados”. El mayor retirado César Alonso Maldonado fue recapturado por la Policía Nacional en Cúcuta la mañana del martes 15 de julio de 2008. Nota de Actualización:    Los hechos e información relatados en el curso del presente articulo, fueron objeto de dos procesos disciplinarios y de un proceso penal, a los cuales fue vinculado el Mayor Cesa Augusto Botia Ramos y que concluyeron con las siguientes decisiones:   1. Providencia de la Fiscalía Octava ante Juzgado de Inspección del Ejército, calendada el 13 de abril del 2015, mediante la cual se profirió cesación de procedimiento a su favor "como autor del delito de prevaricato por acción" como Director de Reclusión Militar de Tolemaida.    2. Providencia de la Procuraduría Delegada para las fuerzas Militares, calendadas el 28 de abril de 2014, mediante la cual se ordenó el archivo definitivo del expediente radicado con el No IUC-D-2012-53-440476 por posible irregularidad en salida del Teniente Carlos Andrés Lora Cabrales del Centro de Reclusión.    3. Providencia de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, calendada el 18 de diciembre de 2015, por medio de la cual se dispuso la prescripción de la acción disciplinaria seguida en su contra por presuntas irregularidades cancelarias con radicado No IUS-2011-12774. IUC-D-2011-818-346375.  4. Los fallos mencionados se encuentran ejecutoriados.