Cuando fue asesinado –después de una golpiza lo obligaron a acostarse boca abajo, a meter la frente entre el hueco que dejan los brazos cruzados a la altura de la cabeza, le descerrajaron un tiro en el cráneo–, Humberto Fabio Espinosa González tenía 21 años y era subintendente de la Policía. A los 17 años había ingresado a la institución, que para él era un sueño.
Aquel día del homicidio era 26 de enero de 1991, y el país padecía una tormenta de violencia con la guerra que el cartel de Medellín le había declarado al Estado. Las primeras noticias dijeron que Espinosa González había muerto en combate cuando un grupo de policías de la Sijín atendió la denuncia del secuestro de José Donaldo Parra Nora. Espinosa González, supuestamente, era un policía corrupto de los que por esa época germinaban con la ambición de extorsionar a los capos de la mafia. Era, entonces, un positivo de la fuerza pública.
En dicho combate murieron otras seis personas: Édgar Humberto Quiroga Zabala y Jaime Sotelo, también policías; Luis Omar Cruz Ferrer, comerciante de Sanandresito; Elman Rincón Juez, campesino de los Llanos Orientales; Jaime Sotelo, Julio César Abril Cerra, conductor, y Adonay Sánchez Torres, quien era taxista.
Aunque el caso fue juzgado por la justicia penal militar en 1993, y los jueces castrenses confirmaron que había sido un procedimiento legal, siempre hubo un manto de duda entre las familias de los hombres asesinados en el operativo. Quizá, el primer cabo suelto era que, aparte de los policías, entre ellos no tenían nada en común. Además, fue capturada Luz Mila Novas Sánchez, acusada de ser cómplice del secuestro y quien salió libre en 1996, pues no había denuncia del hecho y mucho menos pruebas.
Yecid Espinosa es el padre de Humberto Fabio. Recuerda que en la madrugada del 26 de enero lo buscaron policías para que reconociera el cuerpo de su hijo en Medicina Legal. Un amigo de su hijo le advirtió que todo había sido una trampa, que tuviera cuidado.
Días después, empezaron las amenazas. Yecid, ya jubilado, pero con la necesidad palpitante de encontrar la verdad, habla de su hijo muerto, de la falta de justicia: “Esta es la primera vez que hablo con la prensa, me daba miedo. Después de que mataron a mi hijo, me llamaban de manera anónima, me decían cosas de mi familia: ‘Su hija tiene el uniforme de diario y se montó a la ruta de bus de placas tales’. Lo mismo pasaba con mi esposa. Yo estuve investigando cosas muy duras, pero no podía decir nada. Fue horroroso, a mi hijo lo enterramos como un criminal, la Policía ni siquiera le dio el lote en el cementerio”.
La reconstrucción de los hechos realizada por Yecid, y que ahora recoge la Fiscalía, es esta: el joven policía Humberto Fabio Espinosa prestaba servicio en la segunda estación del barrio El Restrepo, en Bogotá, y en la noche del 25 de enero el subcomandante de la estación le pidió que alistara la patrulla y lo siguiera hasta la subestación de San Jorge.
En ese momento, ya era la una de la mañana del 26 de enero. Con voz potente, indignada, relata Yecid: “Entraron y eso estaba lleno de Sijín. Los cogieron a patadas y les hicieron quitar los uniformes y los obligaron a ponerse ropa de indigentes. Mi hijo había llegado con otro policía y ahí se encontraron con otras cinco personas. Los amarraron con lazos, los sacaron, los montaron a una patrulla. Los llevaron a la casa de un agente, los metieron a patadas y ahí empezó un alegato”.
La casa en la que terminaron los detenidos es de Luz Mila Novas de Sánchez. Allí, los agentes de policía hicieron acostar a los detenidos bocabajo –entre ellos a dos niños y a Luz Mila– y les dispararon en el cráneo. La familia residente no fue atacada, fueron presentados como capturas. Además, los siete supuestos hombres muertos en combate fallecieron al instante; los únicos testigos eran la mujer y sus hijos. En 1996, cuando Novas de Sánchez fue encontrada inocente, la Fiscalía concluyó que había insuficiencia de pruebas de su participación en el supuesto secuestro.
El fallo absolutorio del 16 de febrero de 1996 dice que todo el operativo entregado por la Sijín planteaba una serie de preguntas: “Por qué se la tuvo como aquella que rompía el papel que cubría los ventanales de la habitación donde se escondía a la víctima siendo que cuando penetraron las autoridades al inmueble, ella estaba mirando la televisión con sus hijos en la sala de recibo, además, si ella tenía conocimiento de lo que sucedía, cómo entender que su esposo hubiera arrendado la habitación a los delincuentes por un valor tan inferior al del rescate”. El documento expone que no había pruebas en contra de la mujer, solo el testimonio anónimo de que en la casa se arrendaba una habitación “a los presuntos captores”.
Esa fue la última vez que se habló del caso de los policías secuestradores, hasta que a principios de 2011, 20 años después, Yecid encontró a un fiscal que escuchó su caso, que ahora ajusta diez años en un despacho. Aunque la historia parecía poco creíble, el fiscal empezó una pesquisa que adquirió certeza en 2015, después de que se conociera el resultado de una reconstrucción en 3D de la trayectoria de las balas. El informe reveló que el testimonio de la mujer era verdadero, al igual que los que había investigado Yecid; todas las víctimas fueron asesinadas con tiros de gracia, la trayectoria mostraba que las siete personas estaban acostadas con la cabeza tocando el piso.La prueba era contundente.
La Fiscalía buscó, con derechos de petición y solicitudes jurídicas, si los policías que intervinieron en el operativo habían sido investigados, pero no halló nada. Dice una fuente de la Fiscalía: “Encontramos que 18 policías habían participado del operativo. Liberamos las órdenes de captura y encontramos que tres o cuatro ya habían muerto. Alcanzamos a capturar a tres. Tomamos testimonios y uno confesó... incluso contó cómo había sido, que los habían llevado hasta la casa y que no hubo enfrentamiento, aunque estaba convencido de que sí eran secuestradores.
Contó como una anécdota que, para hacer más creíble la versión del combate, el que lideraba el grupo dio la orden de que le pegaran un tiro a un policía en un pie. Eso lo pudimos comprobar dentro del reporte del supuesto combate. Aquí estaríamos hablando del primer falso positivo del país, una ejecución extrajudicial”. Sin embargo, en medio del testimonio, aparecieron los abogados de los policías; le dijeron al fiscal del caso que había prevaricado, porque el caso ya había sido juzgado en la justicia penal militar y que se había avalado la inocencia de los policías. “Les mostramos todos los derechos de petición, de las diligencias, comprobamos que hicimos todos los procesos necesarios y dicho juicio nunca apareció”.
Aunque el caso parecía perdido, la Fiscalía acudió en 2016 a la Corte Suprema de Justicia para solicitar una reapertura de la investigación y este año obtuvo una respuesta. “Ellos nos dicen que descubrimos la verdad, que tenemos una prueba novedosa, pero que se nos olvidó que uno de los requisitos para que se reabriera el caso no solamente era la prueba sobreviniente, también necesitábamos que un organismo internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviniera. Nosotros, entonces, pusimos una tutela, pero creemos que el caso terminará en la Corte IDH”.
Yecid espera encontrar la verdad, no tiene otra obsesión. Confía en que la justicia colombiana le permita reabrir un caso que se juzgó a espaldas de los familiares de quienes murieron a tiros en la madrugada del 26 de enero de 1991. “Nunca nos dijeron que los policías estaban siendo investigados por la justicia penal militar, ese fue un juicio a espaldas de los familiares, nos enteramos cuando la Fiscalía capturó a los presuntos responsables. Solo queremos justicia, queremos la verdad”.