Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, habló con SEMANA y mostró su preocupación frente a algunos puntos planteados en el Congreso de la República relacionados con la cédula digital que generaría, según él, un millonario gasto innecesario que afectaría no solo el erario, sino que además arrastraría varios problemas que pondrían en riesgo, incluso, la transparencia en las elecciones.
Aclara que es consiente que al igual que en el mundo, es la Registraduría General de la Nación la encargada de identificar a los ciudadanos, pero el verdadero problema radica en pretender que se convierta en el único validador de información de identificación. “Lo que pretende el Estado es que cada vez que alguien haga una compra, una transferencia bancaria, ingrese a alguna plataforma digital que requiera de su identificación, todo quede registrado en una única base de datos, con la gravedad de que se ha conocido desde siempre la corrupción que se ha permeado esta institución”, dijo Rincón.
Advirtió que la privacidad de cada ciudadano se podría ver afectada. “Si siempre yo me estoy identificando con la cédula digital para muchos servicios, pues la Registraduría va a tener muchísimos datos de mis actividades en línea y ellos se van a convertir en El Gran Hermano que no queremos y mucho menos en un Gran Hermano que es autoridad electoral, eso es muy peligroso en una democracia”.
“La Registraduría históricamente no ha sido exitosa en garantizar la seguridad de sus datos, muchos de sus empleados se han visto involucrados en emisión de cédulas falsas, en venta de bases de datos, ¿cómo garantizar que eso no pase en esta nueva etapa?, cuestionó.
Si se ejecuta el proyecto, según Rincón y otros miembros del sector tecnológico y financiero, una de las consecuencias sería que “la Registraduría se va a enterar en qué me gasto la plata, qué productos financieros estoy tomado, cuáles son mis gustos y esto sería muy útil para algunos intereses”. Advirtió que podría empezar a perfilar a los ciudadanos y esa información es muy riesgosa que la tenga la entidad encargada de las jornadas electorales.
“Es inconveniente que ellos tengan perfiles de los ciudadanos a partir de los consumos, de las necesidades, por los usos en los que se están verificando a través de la cédula digital y lo peor de todo es que tendrían acceso a un montón de data de los colombianos que realmente no tienen por qué tener”, insistió, recordando que la norma como quedó redactada no solo servirá para la validación en temas electorales sino para todo un universo de actividades. Por lo que hacen un llamado al magistrado de la Corte para que tenga en cuenta eso dentro del artículo y evitar futuros dolores de cabeza.
Otra de las criticas que hace al sistema de información de la entidad es que “la disponibilidad de sus bases de datos no es buena, es muy precaria, es el caso de las consultas al Archivo Nacional. Queda una sensación de que si no está resulto el tema, cómo se va a solucionar lo de la cédula digital”, indicó Rincón.
Hoy en día la validación se puede hacer con tecnología de privados, donde se analizan diferentes aspectos que han permitido identificar algunas irregularidades. Debido a las falencias del sistema, ya nombradas.
Ese es un proyecto que no está bajo la Registraduría realmente, sino bajo a sus aliados técnicos que son los mismos desde hace 15 años; señaló que esto está también violando el derecho a la libre competencia. “Lo que se está creando es una restricción clara a un mercado que hoy en día es muy competido, y lo que se está creando con el Código Electoral que es donde metieron el proyecto de cédula digital es algo que claramente por unidad de materia no puede pasar, porque se está generando un monopolio de pacto”.
“¿Por qué no puede ser la única fuente de validación de identidad?, porque la Registraduría tiene un montón de casos dónde procesos de corrupción y otros factores, le emiten identificación a gente que está muerta, o aparecen muertas que realmente están vivas, es decir, si hoy en día se quiere verificar la identidad, no se puede fiar exclusivamente en lo que aparece en su base de datos, es necesario verificar otras fuentes para llegar a la identificación real de una persona”, explicó.
También admite que también hay un interés económico, ya que todas las inversiones que han hecho las empresas tecnológicas en el sector financiero para evitar la suplantación es bastante alto y con esa norma quedarían por fuera del negocio o tendrían que pagarle al “monopolio” por unos derechos de uso de la base de datos que en realidad violan el derecho al libre mercado.
Por otro lado, recuerda que la cédula ya existente, la amarilla, la cual solo hasta hace 6 años se terminó de implementar, cuenta con un código que permite verificar electrónicamente y tuvo costos elevados. Considera innecesario que se realice otro millonario gasto cuando en países como Perú y España, según Rincón, esa digitalización no funcionó bien.