La Defensoría del Pueblo acaba de emitir un informe titulado ‘Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia’, el cual expone dolorosas conclusiones que, cuatro décadas después de esa tragedia, deja aprendizajes necesarios para evitar errores similares a los del pasado.
La avalancha por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1985, provocó la muerte de unas 25 mil personas. Además, las autoridades han establecido irregularidades, por ejemplo, en el paradero de por lo menos 150 niños, cuyas familias aún reclaman y de quienes se desconoce su ubicación.
Ahora bien, para la conmemoración de los 40 años de la tragedia natural más dolorosa que ha sufrido Colombia, la entidad emitió un informe de 128 páginas en el que detalló aspectos generales previos a la ocurrencia de la erupción volcánica.
También, cómo está la situación hoy de los armeritas, y llegó a unas conclusiones que son estremecedoras.
“El caso Armero constituye un referente ineludible para comprender los desafíos estructurales de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. A cuatro décadas del evento, persisten algunos impactos sociales, económicos y culturales en los sobrevivientes, junto con vacíos normativos, debilidades institucionales y falencias en la política pública, que evidencian la necesidad de respuestas sostenidas y articuladas para la garantía efectiva de derechos y para que cese la afectación de las personas y comunidades que sobrevivieron al suceso”, dice el documento, conocido por SEMANA.
Además, indican los investigadores que “los daños, la invisibilidad institucional y la ausencia de reparación efectiva no son hechos del pasado, sino condiciones presentes que siguen afectando el goce efectivo de derechos de miles de personas”.
Por ejemplo, asegura el documento, “los hallazgos muestran que los sobrevivientes enfrentan trayectorias vitales marcadas por la fragmentación, la pérdida de referentes comunitarios y el desarraigo territorial”.
Y afirma que “las consecuencias económicas, como la reducción de medios de vida y la precarización laboral, y las culturales, expresadas en la erosión de la identidad armerita, no son fenómenos del pasado, sino realidades actuales que limitan el ejercicio pleno de derechos fundamentales y colectivos”.
Sin embargo, una de las conclusiones más duras tiene que ver con la información sobre el paradero de los sobrevivientes. “El Estado desconoce el número, identidad y ubicación de los sobrevivientes a la tragedia, así como la población afectada”, sentencia.
“Se resalta la falta de información sobre los niños perdidos en Armero. Así mismo, existen vacíos en referencia al saneamiento predial y la definición jurídica de la propiedad en el polígono del desastre. Algo similar ocurre con la titularidad, formalización y seguridad jurídica de las viviendas entregadas a los sobrevivientes en diversas partes del país”, resaltó.