Bogotá decidió ponerle tecnología a uno de los problemas más críticos y silenciosos del sistema judicial y penitenciario, que es el hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT).
Con el lanzamiento de PPL Connect, una aplicación desarrollada entre la Secretaría de Seguridad, el Consejo Superior de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Libre, el Distrito busca cerrar las grietas que durante años permitieron que cientos de personas quedaran atrapadas en estaciones de Policía y URI mucho más tiempo del permitido.
La herramienta permitirá conocer, en tiempo real, quiénes están privados de la libertad en los 20 Centros de Detención Transitoria (CDT) de la ciudad, cuánto tiempo llevan detenidos y en qué etapa se encuentran sus procesos judiciales.
El objetivo es que jueces y autoridades tengan información actualizada para acelerar decisiones y ordenar traslados a cárceles del sistema nacional cuando existan condenas en firme.
La apuesta surge después de que Bogotá enfrentara niveles de hacinamiento de hasta el 172 por ciento en estos centros.
Según la administración distrital, en apenas ocho meses, el indicador cayó al 45,8 por ciento, una reducción de 127 puntos porcentuales que se logró, en parte, gracias al traslado de personas condenadas hacia establecimientos penitenciarios nacionales.
Solo en 2025 fueron trasladadas 4.925 personas privadas de la libertad desde los CDT de Bogotá, mientras que en lo corrido de 2026 ya van 1.147.
Pero detrás de las cifras apareció un problema aún más profundo: la desarticulación entre las entidades judiciales y penitenciarias.
Durante una jornada realizada entre el 31 de marzo y el 21 de abril de este año, funcionarios revisaron celda por celda y expediente por expediente la situación de los detenidos en Bogotá. El resultado dejó al descubierto vacíos alarmantes.
La Secretaría de Seguridad verificó físicamente a cada persona detenida, revisó 1.880 carpetas y actualizó 2.061 registros en el sistema.
El hallazgo más grave apareció en la estación de Policía de Los Mártires, en la que un hombre completa 2.071 días privado de la libertad que, a su vez, se traducen en más de cinco años y medio en un espacio pensado para permanencias máximas de 36 horas.
El caso encendió las alarmas sobre la lentitud del sistema judicial y la demora en la definición de procesos y traslados.
“En Bogotá entendemos que la seguridad no es un asunto de policías y ladrones. Es un proceso permanente, con altibajos y con mucho por hacer, donde se deben hacer estos esfuerzos por construir una sociedad que viva en el marco de la ley, pero donde aquellos que cometen delitos también tengan condiciones dignas”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.
El Consejo Superior de la Judicatura también anunció medidas para descongestionar el sistema. El magistrado Jorge Enrique Vallejo informó de la creación de cinco nuevos despachos judiciales: tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito.
“Vamos a agilizar la decisión de esos procesos. Con eso logramos seguridad jurídica, respeto a las garantías de las personas y de las víctimas”, señaló el magistrado.
Mientras tanto, el Distrito insiste en que la información consolidada en PPL Connect será clave para evitar que las estaciones de Policía sigan funcionando como cárceles improvisadas y para impedir que casos como el detectado en Los Mártires vuelvan a repetirse en Bogotá.