A inicios de este año se suspendieron las operaciones en el Muelle 13 de Buenaventura, debido a que las actividades portuarias estaban provocando graves afectaciones ambientales, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Las estimaciones de la entidad determinaron que se estaba provocando contaminación, había presencia de plagas y se estaban superando los límites de carga.
Ahora, este muelle es el centro de disputas entre el Gobierno y el grupo portuario privado Ventura Group.
La medida del cierre de actividades en el lugar fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en marzo del año pasado.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió no prorrogar el contrato de concesión con el grupo Ventura Group y defendió que la infraestructura portuaria debía ser entregada de nuevo al Gobierno. La administración nacional pretende transformar el Muelle 13 en un espacio operado por los pescadores artesanales de la región, con la finalidad de fomentar la pesca local.
Sin embargo, Ventura Group ha interpuesto varias demandas alegando que la suspensión de las actividades fue arbitraria y que, además, aquella decisión ha afectado miles de empleos, sumando los millonarios sobrecostos operativos que han resultado de la medida. Mientras tanto, el puerto en general ha enfrentado bloqueos por parte de la comunidad que exige el cumplimiento de algunos acuerdos a los que se comprometió el Gobierno.
“Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas y solo usamos 180 millones. Hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas, lo que quiere decir que hoy Buenaventura tiene una capacidad de más en el puerto, que hace todo el sentido cuando hablamos de que hay que modernizarlo”, explicó la exministra de Transporte, María Constanza García, en un comunicado del Ministerio publicado en 2025.
El Gobierno también ha determinado que en el muelle hay “descontrol ambiental” y “una violación a los derechos de la población de Buenaventura”, por lo que se estableció desde el 2025 que la ANLA no levantaría las suspensiones de las actividades.